La Justicia pide el plan de vuelos del avión del PE

El fiscal federal general, Gustavo Gómez, citó para hoy -sin hora precisa- al piloto Gustavo Losada a fin de que preste declaración testimonial. Este acto procesal puede resultar clave para la actuación preliminar que el funcionario judicial encabeza en el afán de determinar si fue falsificada la documentación relacionada con la tripulación que en varias ocasiones -más de cuatro- voló el Cessna modelo 550 (Citation Bravo), que fue adquirido este año por el gobierno de José Alperovich, en forma directa, por U$S 6,2 millones.
Tres semanas atrás, Gómez recibió una denuncia anónima, según la cual uno de los pilotos (supuestamente Losada) figura en alguna orden de vuelo -como copiloto de Gustavo Pivida-, pese a que no habría volado. Gómez pretende constatar si hubo falsificación de instrumento público en perjuicio de la Fuerza Aérea, lo que justificaría la competencia de la Justicia Federal.
Gómez también intenta saber si Gustavo Rosales está habilitado para volar aviones como el Cessna adquirido por el Poder Ejecutivo (es un jet) y si concretó algunos de los vuelos en cuestión. En una nota publicada por LA GACETA el 10 de agosto, el secretario general de la Gobernación, Ramiro González Navarro, había asegurado que Pivida, Losada y Rosales estaban en condiciones de hacerlo, no así Dirk Troteyn y Bruno Cipriani.

Numerosas medidas
El fiscal federal general ya solicitó una serie de medidas de prueba. Por ejemplo, requirió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad y a la Región Noroeste del Aeropuerto Internacional de la provincia de Córdoba que le informen el nombre del piloto y del copiloto que condujeron la nave en cada uno de los vuelos (desde que fue adquirido por Tucumán), así como quién firmó la documentación correspondiente en cada caso.
Salvo en el caso de la información solicitada a Córdoba, a las otras ya la recibió. También falta que la Dirección de Aeronáutica de la provincia le suministre oficialmente las órdenes de vuelo, en las cuales debe figurar el nombre de los pilotos que concretaron cada viaje.
Gómez también recibió de la Fuerza Aérea (Buenos Aires) el legajo de inscripción del avión, en el que figuran -entre otras cosas- las condiciones que deben reunir los pilotos para poder volar el jet.
La polémica rodea al Cessna modelo 550. La oposición siempre cuestionó que se lo haya adquirido en forma directa y sostuvo que, bajo el pretexto de que iba a cumplir funciones sanitarias, fue comprado principalmente para que Alperovich y sus funcionarios pudieran desplazarse fuera de Tucumán. En efecto, González Navarro reconoció que la nave también podía ser usada para misiones oficiales. El legislador Alejandro Sangenis (Movimiento Popular Tres Banderas) también aseguró que era preferible arrendar (un avión) y desembolsar $ 19.000 cada vez que fuera necesario concretar un vuelo sanitario, antes que haber pagado U$S 6 millones, a lo que hay que sumar las pólizas de seguro.