Los conflictos internos jaquean a Morales

En 1989, para reforzar sus demandas, los cocaleros, con Evo Morales a la cabeza, marcharon a lo largo de los 600 kilómetros que separan Cochabamba de La Paz, la capital de Bolivia. Durante todo el trayecto, militares y cocaleros se enfrentaron en feroces peleas. Ese año, el joven Evo terminó preso. Por ese entonces comenzó su lucha en defensa de la producción de hoja de coca. "Creo que mi única actividad a tiempo completo, en un 100%, mi verdadera pasión en los últimos 19 años, ha sido y es la defensa de la hoja de coca, la tierra y el territorio. Pero ahora también lo son la defensa de los recursos naturales, los derechos de los pobres y explotados del país, de los miles de trabajadores y desocupados, la refundación de nuestra patria, la defensa de la soberanía nacional y de la vida misma", declaró Morales poco antes de asumir y de ser conocido en todo el mundo como el líder sindical y cocalero que puso en jaque a los gobiernos de, por lo menos, siete de sus antecesores en la Presidencia de la Nación.
"La política es la ciencia para servir al pueblo y nosotros vivimos para la política y no vivimos de la política. Ha llegado la hora del cambio, de la esperanza, de un futuro mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos", dijo Evo el 18 de diciembre de 2005, tras ganar las elecciones presidenciales.
Pero la segunda mitad de 2006 encontró al "presidente del pueblo" inmerso en un clima de protestas y de descontento que surgieron desde distintos sectores sociales de Bolivia. Maestros molestos con un proyecto de reforma educativa; camioneros que no quieren pagar nuevos impuestos; campesinos que tomaron varios gasoductos, molestos por un arancel que impuso la Argentina al intercambio comercial con las provincias limítrofes, y una Asamblea Constituyente envuelta en un escándalo le mostraron -en pocas semanas- que ahora Morales se encuentra del otro lado del mostrador. Así, pasó de ser el organizador de las protestas al hombre encargado de ponerles un freno para evitar un caos institucional. "Evo está viendo que una cosa es el balcón y otra cosa es la gestión", dijo el sacerdote y periodista Eduardo Pérez en un programa televisivo de Bolivia, de gran audiencia. Las declaraciones del religioso se produjeron luego de que Morales envió tropas del Ejército a Yacuiba y a otras regiones del sur boliviano, donde campesinos bloquearon gasoductos e impidieron el envío de gas a Argentina y a Brasil durante algunas horas, en reclamo de diferentes reivindicaciones sociales. La decisión del presidente boliviano fue tomada con desagrado por el pueblo, teniendo en cuenta que Morales fue un férreo opositor de la utilización de la violencia en su época de dirigente social.
Además de estos conflictos, Morales enfrenta el desafío de mostrar resultados a un pueblo que le dio su apoyo y ante el que se comprometió a sacarlo de la profunda desigualdad social que enfrenta. La nacionalización de los hidrocarburos -cuestión que le significó fuertes disputas externas con Brasil y EEUU, dos de los inversores privados más fuertes del sector en Bolivia- tuvo alto impacto político, pero los beneficios aún no se volcaron a la sociedad. "Vemos que ahora manejamos, supuestamente, nuestros recursos naturales. ¿Pero dónde se está volcando ese dinero? Aún no se percibe que haya beneficios para nuestro pueblo con esta acción", continuó con sus críticas el sacerdote y periodista Pérez en declaraciones a la agencia de noticias Reuter.
La otra gran medida de Evo, la de entregar -o devolver, como él dice- tierras a los indígenas también se topa con una fuerte oposición: los propietarios de los terrenos afirman que es una violación a la propiedad privada y muchos de ellos están organizando tropillas armadas para frenar las ocupaciones. Hasta la Asamblea Constituyente en marcha, de la cual surgirá la reforma constitucional con la que Morales anunció que refundará Bolivia, comenzó con tropiezos y fuertes enfrentamientos entre los constituyentes, la mayoría de ellos del oficialismo.
A poco más de ocho meses de asumir la presidencia, Evo parece enfrentar la verdadera encrucijada que marcará el rumbo de su gobierno. Está ante la oportunidad de llevar paz social e institucional a su país o de perecer ante las duras protestas del pueblo boliviano. El mismo que derrocó a cinco presidentes en dos años.

Recuperan tierras que tenía Sánchez de Lozada. El gobierno boliviano anunció la recuperación de tierras fiscales de manos del liberal Gonzalo Sánchez de Lozada, expulsado de la presidencia por una rebelión popular en 2003, y de otros conocidos políticos. La medida está inscrita en un programa de reversión al Estado de 16.000 hectáreas que estaban en manos de privados, que fueron desalojados el jueves por la Policía y por el Ejército en varios puntos del país. Las tierras adjudicadas irregularmente a Sánchez de Lozada -quien tras su caída huyó a EEUU, donde reside actualmente- están en el parque forestal Cotapata-Santa Bárbara, en una región subtropical de Bolivia.

Militares custodian un gasoducto. El gobierno de Bolivia envió ayer militares a un gasoducto para sofocar una protesta de indígenas guaraníes que amenazaban con cortar la producción y las exportaciones a Brasil. Una paralización del bombeo de gas desde esa región afectaría por lo menos el 60% de las exportaciones de gas a ese mercado. "Hay temor en la zona por la presencia militares. Pero habrá una asamblea para definir lo que haremos para conseguir que Transierra (la petrolera) nos pague U$S 9 millones como compensación", dijo Demesio Canduari, dirigente de los indígenas que encabezan la protesta.

Mejora el asambleísta herido. El constituyente boliviano Román Loayza continuaba ayer en coma pero evolucionaba favorablemente. Loayza, de 57 años, cayó el pasado viernes en el foso de la orquesta del teatro donde debaten los asambleístas de la Constituyente, cuando se discutía el reglamento que debe guiar sus deliberaciones. Loayza es un estrecho colaborador de Evo Morales.

Prórroga. Los gobiernos de Argentina y Bolivia acordaron prorrogar por 180 días la realización de los trámites para regularizar la permanencia en Argentina de miles de ciudadanos indocumentados del país andino que, por diversos motivos, no pudieron acogerse a ese beneficio. Un nuevo decreto firmado por el presidente Evo Morales estableció una serie de medidas tendientes a facilitar el acceso a esa regularización, como la rebaja en los costos para obtener certificado de nacimiento, carta de nacionalidad y antecedentes policiales, entre otras reformas. (AFP-NA-Reuter)