Miguel “Miguelón” Figueroa, el hombre que intentó poner de rodillas al sistema judicial y al poder político de la provincia, terminó recibiendo condenas por un total de 73 años, una cifra récord en la historia de Tucumán. Ni los más memoriosos juristas de la provincia recuerdan que una persona, al menos en el ámbito de la Justicia ordinaria, haya recibido tantas penas en su contra. Sin embargo, por las normas vigentes en nuestro país, cumplirá menos de la mitad.
Él se autodefinía como chatarrero, pero los investigadores lo consideraron uno de los narcos más importantes de estas tierras. Nacido en Villa 9 de Julio y con antecedentes por robos menores, “Miguelón” comenzó a escalar posiciones cuando se volcó a la comercialización de drogas. En ese oscuro mundo fue creciendo porque, según se ventiló en los juicios que se hicieron en su contra, una de sus mayores virtudes era comprar voluntades dentro de las fuerzas de seguridad.
En diciembre de 2020 se produjo un enfrentamiento en el que su hermano Gonzalo Figueroa, de 26 años, perdió la vida. “Miguelón” anunció que se vengaría. Comenzó a ejecutar ese plan días después. Junto con otras personas, que nunca fueron identificadas, se presentó en la vivienda donde residían familiares de los autores del hecho. Dispararon y mataron a Héctor Gabriel Amaya (33) y a Leonardo Sepúlveda (26), e hirieron además a Gonzalo Greco (12), Maximiliano Limdon y Franco Galván (26).
Tres meses después, en marzo de 2021, a través de quien era su pareja en ese momento, citó a Ramiro Exequiel Ledesma (18), a quien mató de varios disparos. Luego escapó y permaneció más de dos años prófugo. Fue capturado en Salta, cuando visitaba a su hijo, que estaba recibiendo tratamiento por su adicción a las drogas. A días de que comenzara a ser juzgado, amenazó de muerte a los fiscales Carlos Sale e Ignacio López Bustos, quienes debían sostener la acusación en su contra, por lo que el primer juicio estuvo en dudas en un primer momento.
Las condenas
Figueroa se transformó en uno de los primeros hombres en recibir dos condenas a prisión perpetua en menos de dos meses por los homicidios de los que fue acusado. Al poco tiempo fue trasladado al penal de Ezeiza porque, según se sospechó, había elaborado un plan para fugarse de Villa Urquiza. Una guardiacárcel, que no habría aceptado un soborno, fue quien denunció la maniobra.
Mientras su defensor, Macario Santamarina, conseguía que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán anulara la condena a perpetua por el doble homicidio, Figueroa volvía a ser noticia. Envió un mensaje intimidatorio contra los fiscales Sale, López Bustos y Pedro Gallo, el juez Gonzalo Ortega y el gobernador Osvaldo Jaldo.
La hipótesis es que había realizado esa amenaza porque los funcionarios no habían autorizado su regreso a Tucumán para participar del sepelio de su hijo, que en medio de una crisis de abstinencia había decidido quitarse la vida. En un juicio abreviado, después de aceptar su culpabilidad, fue condenado a ocho años de prisión.
La semana pasada, tal como lo había dispuesto la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, se inició el debate para determinar qué pena debía aplicársele por el doble homicidio agravado por el uso de armas. El máximo tribunal entendió que no correspondía imponer una sentencia de prisión perpetua.
Al haberse inhibido los fiscales de Homicidios, la acusación quedó en manos de la fiscal Susana Cordisco y de su auxiliar Ignacio Martucci, quienes solicitaron una pena de 33 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La querella adhirió al planteo. Su defensor, Víctor Padilla, pidió una condena de 15 años. Finalmente, la jueza Cynthia Lorena Rocha lo sentenció a 30 años.
En total, en menos de 24 meses, Figueroa acumuló condenas por 73 años de prisión. Ahora, en una nueva audiencia, deberán unificarse las penas. “La legislación argentina establece que el máximo de cumplimiento efectivo es de 35 años, por lo que no podrá permanecer preso más tiempo que ese”, sostuvo Padilla. “La única alternativa que le queda es plantear la inconstitucionalidad de esa situación para intentar acceder a beneficios como las salidas transitorias, pero eso recién podría discutirse dentro de más de 20 años”, añadió el profesional.
Otro problema
“Ahora nuestra prioridad es otra. Debemos insistir con los planteos para que se modifique la situación de encierro que tiene actualmente”, comentó Padilla. Según el abogado, su defendido casi no tiene contacto con su familia, permanece 23 de las 24 horas del día encerrado y no se le permite hablar con otros detenidos. “El régimen viola todas las garantías”, añadió.
“Es una tortura lo que estoy viviendo. Desde hace más de un año sólo tengo 20 minutos por semana para comunicarme con mi familia. Estoy esperando que autoricen las visitas”, explicó Figueroa, quien informó que está cursando la carrera de Abogacía. “Estudio siempre y cuando me faciliten los apuntes”, agregó.
“Comparto pabellón con integrantes de Los Monos y con terroristas musulmanes. No encajo con esa gente, por lo que tampoco hablo con ellos”, aseguró al declarar en la audiencia. “Los guardiacárceles tienen prohibido hablar con nosotros. Cuando nos sacan de los calabozos nos colocan un casco que no nos permite ver nada. Por eso, contando los pasos, puedo saber hasta dónde me llevan. No sé cuánto tiempo más aguantaré todo esto”, finalizó.
