La Cámara revocó cautelares de Parache y de Terán

La Cámara Federal de Apelaciones revocó tres sentencias mediante las cuales los jueces federales Jorge Parache (número uno) y Felipe Terán (número dos) habían concedido medidas cautelares a favor de particulares que reclamaron contra la normativa que pesificó los títulos de la deuda pública luego de que la Argentina se declaró en default (cesación de pagos).
El tribunal objetó que en dos de las causas (las promovidas por Alberto Domingo Scaravilli López y Floreal Osiris Fernández, ya fallecido) los demandantes no habían individualizado con precisión las especies de bonos o el monto en títulos respecto de los cuales pretendían que el Estado nacional se abstuviera de concretar la pesificación (significaba la devolución a $ 1,4 por dólar más CER).
Asimismo, la Cámara Federal concluyó que, según las constancias recabadas en ambas causas, los títulos públicos habrían sido adquiridos con posterioridad al 31 de diciembre de 2001, fecha en la que fue declarado el default de la deuda pública de la Argentina.
El tribunal reiteró en los tres casos (el tercero fue promovido por la empresa Labranoa S.A.) que, según la doctrina, para la concesión de una medida cautelar no es necesario que el demandante acredite acabadamente el derecho cuya tutela pretende. No obstante, la Cámara estableció el criterio respecto de cómo deben proceder los jueces en ciertas circunstancias. "Cuando de las propias constancias se comprueba que existen elementos de juicios serios y suficientes para dudar de aquella presunción, se debe extremar la prudencia exigiendo al peticionante de la medida mayores precisiones e, incluso, de persistir las dudas, se debe rechazar la pretensión cautelar", advirtió.
En las causas "Scaravilli López" y "Fernández", ambas "contra el Estado nacional s/inconstitucionalidad" -que se tramitaron ante Parache y Terán, respectivamente-, la Cámara determinó que, "en razón de la gravedad de las omisiones" o "constancias mencionadas", correspondía girar copia de los expedientes al fiscal federal (Carlos Brito) que lleva actuaciones preliminares por presuntas irregularidades en tales causas.
En "Scaravilli López", la Cámara ordenó la instrucción de un sumario para determinar por qué se extravió el expediente (fue reconstruido) en el juzgado de Parache.
En las tres causas, frente a las medidas cautelares, la abogada Laura Alercia había apelado en representación del Estado.

Sólo tres firmas
Las sentencias fueron firmadas por tres de los cinco camaristas: Raúl David Mender (presidente), Graciela Fernández Vecino y Ernesto Wayar. No lo hicieron Ricardo Sanjuán ni Marina Cossio de Mercau, porque -según se lee en las resoluciones- no se encontraban en sus despachos.
Tanto Terán como Parache están siendo sometidos a actuaciones por supuestas irregularidades en causas vinculadas a títulos públicos. El primero está suspendido desde el 12 de junio, y el 25 del corriente comenzarán las audiencias de debate en el proceso de destitución que el Consejo de la Magistratura (CM) inició contra él ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Parache afronta un sumario ante la comisión de Acusación del CM y, precisamente, la causa "Scaravilli López" es una de las que tuvo en cuenta el consejero y senador Nicolás Fernández (instruye las actuaciones) para solicitar que el juez sea citado a efectuar un descargo, según lo establece el artículo 9 del reglamento de la comisión.

"La cuenta a nombre de Scaravilli López, donde debían depositarse los títulos objeto del juicio, fue abierta el 5 de octubre de 2004, es decir, el día anterior al de la promoción de la demanda. Esta sola circunstancia crea la fuerte presunción -adversa a los intereses del actor- de que la cuenta fue abierta con el propósito de demandar. Con todo, no es este el hecho más grave". Esto aseguró la Cámara Federal para revocar la sentencia mediante la cual el juez federal Jorge Parache había dispuesto una medida cautelar a favor de Alberto Scaravilli López. El tribunal agregó que este había adquirido los títulos, si no al tiempo de promover la demanda, al menos con posterioridad al 31 de diciembre de 2001, cuando se declaró el default. "Cuando Scaravilli López fue intimado a acreditar que poseía los títulos con anterioridad a aquella fecha (31 de diciembre de 2001) guardó significativo silencio", afirmó. El demandante había invocado razones de salud en el afán de probar el peligro que corría si había demora en conceder la cautelar. Pero la Cámara concluyó: "Scaravilli López padece la insuficiencia motora de miembros inferiores desde hace 41 años. Esta sola mención resulta suficiente para interpretar que no es el caso de quien, siendo titular originario de títulos públicos, contrae una enfermedad que lo pone en la necesidad de recuperar el importe de esos títulos para tratarse de su enfermedad".

En la causa promovida por Floreal Osiris Fernández -ya fallecido- contra la normativa que pesificó los títulos públicos tras la debacle de 2001, la Cámara Federal concluyó que las tenencias (de bonos) "ingresaron en su cuenta el 13 de octubre de 2004, es decir, después del default y siete días antes del inicio de la demanda". "En la demanda no se especificó, con la precisión que requiere ese acto procesal, el monto que el actor invirtió en títulos PRO 6 y PRO 10 y que pretendía recuperar", agregó el tribunal. Este revocó la medida cautelar que a favor del demandante había concedido el juez federal Felipe Terán para que el Estado se abstuviera de practicar la pesificación respecto de los títulos en dólares (PRO 10 y PRO 6) depositados en la cuenta del actor. La Cámara insistió en que, de las constancias del expediente, no surge cuál era el monto en títulos que poseía Fernández. Este último también había invocado que se encontraba en uno de los supuestos de excepción (razones de salud), que obligaban a no dilatar el dictado de la cautelar, pero el tribunal concluyó: "el actor no era tenedor originario de títulos públicos, con cuya renta pretendía solventar los gastos que demandaba su enfermedad. Se trata, en cambio, de un inversor, es decir, de quien había adquirido los títulos voluntariamente y sin que el Estado lo hubiera obligado a recibirlos, a efectos de obtener un beneficio".