Dato dijo que no hay ninguna crisis institucional ni conflicto de poderes

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Carlos Dato, destacó que el Estado tucumano funciona con normalidad. También negó que haya un conflicto entre los poderes como consecuencia de la creación del Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, jerárquicamente por encima de la Cámara que funciona en el fuero y en la que están radicadas las causas contra numerosos artículo de la nueva Constitución provincial.
El magistrado aclaró que, como consecuencia de una consulta de la comisión de Hacienda de la Legislatura, la Corte se manifestó contra el establecimiento del nuevo tribunal (mediante una acordada lo calificó de inconveniente e inoportuno). "No hay ninguna crisis ni se avasalló ninguna institución de la provincia. Cada uno cumple con su misión, y los roces no existen en tanto todo está encauzado por donde debe ir. Este Poder Judicial ha dado sobradas muestras de independencia, no sólo en las causas más conocidas y difundidas por la prensa, sino en las sentencias que diariamente dicta", remarcó.
Dato advirtió que la flamante ley (aún no promulgada) puede recibir cuestionamientos judiciales en diferentes aspectos, y adelantó que si una eventual causa llega a sus manos se excusará por haber emitido opinión previa en una acordada. Acotó que, planteado el caso, cada vocal decidirá qué hacer a partir de los análisis individuales.
"La Corte no habla más de este tema; ya dijo lo que tenía para decir y armó bastante revuelo, en especial por las palabras del legislador Sisto Terán, con quien no debato. No respondemos agravios descomedidos dichos a partir del amparo de los fueros", advirtió.
El vocal rechazó de plano cualquier posible lectura con dobles intenciones respecto de la posición que la Corte asumió. "El Poder Judicial no tiene ninguna incidencia ni aprovecha política ni electoralmente ninguna situación. La Legislatura tiene una atribución y la ejecutó", destacó.

Temas pendientes
Dato puntualizó que la aplicación del nuevo régimen jubilatorio para los magistrados (82% del sueldo en actividad y con 60 años de edad) depende de que la Provincia ratifique el acta complementaria del convenio de traspaso (a la Nación) del sistema previsional firmada entre el gobernador José Alperovich y el presidente Néstor Kirchner. "El Poder Ejecutivo debe definir si debe hacerlo por decreto simple, por uno de necesidad y urgencia o por medio de una ley. Hay que preguntar en la Casa de Gobierno cuándo y cómo se hará, tanto en lo legal como en lo administrativo. Este es un asunto de mucha trascendencia como para que se pueda interpretar que hay cuestiones políticas de fondo o que sea una presión sobre la Justicia. No tengo malos pensamientos", admitió.
Asimismo, el titular de la Corte dijo que es responsabilidad del PE reencauzar ante el Organismo Nacional de Bienes del Estado (Onabe) el uso del predio del ex ferrocarril El Tucumano, para poder levantar la Ciudad Judicial. El lugar estaba reservado como espacio verde, pero fueron construidas dos escuelas.