La dieta legislativa pasaría de $ 3.080 a $ 4.500

Desde hace 15 años, los 40 legisladores tienen congelada la dieta que cobran mensualmente. La vigencia de la Constitución provincial entre 1991 y junio de este año impedía cualquier incremento en ese concepto para quienes estuviesen ocupando una banca y, si se lo aprobaba, regía a partir del siguiente mandato o debía abarcar a todos los empleados estatales.
En la nueva Carta Magna se suprimió esa cláusula, lo que permitirá que los parlamentarios aumenten sus remuneraciones mensuales, y esto se concretaría a partir del próximo mes mediante una resolución que firme el presidente de la Cámara, Fernando Juri.
La dieta bruta (sin los descuentos de ley) asciende a $ 3.080. El objetivo de los legisladores es generar una mejora gradual de ese ingreso en dos etapas: en setiembre, subiría a entre $ 4.500 y $ 5.000; y en enero o febrero de 2007, hasta los $ 6.000. De este modo, duplicarían los gastos en el rubro salarial. Como no hay enganche para los empleados parlamentarios, no se producirían mejoras en esos sueldos.
Este incremento sí impactaría en los haberes de los legisladores jubilados, quienes no reciben ninguna mejora desde 1991. Ahora se verían beneficiados con el 82% móvil, por lo que cobrarían la diferencia que les corresponderá.
La idea confesa de un encumbrado referente del justicialismo es llegar al nivel remunerativo fijado para el cargo de vicegobernador. Hoy, un legislador cobra como dieta mucho menos que un ministro del Poder Ejecutivo (hasta $ 9.000), un vocal de la Corte Suprema de Justicia (también $ 9.000) y de lo que percibe un empleado jerarquizado de la Legislatura, incluso de una bancada política.
Los legisladores en actividad, desde hace varios mandatos, absorbieron el desfase de sus ingresos mediante los gastos de bloque, sobre los que no rendían cuenta y parte de los cuales iban directamente al bolsillo particular, no a la atención social. El monto de esas partidas siempre fue tratado como un secreto.

Disposición suprimida
El cambio es posible por la supresión del anterior artículo 64 de la Constitución, que establecía expresamente: “toda ley que aumentara dietas no podrá entrar en vigencia sino después de una elección para legislador. Exceptuase de esta limitación los aumentos derivados de pérdidas de poder adquisitivo de la moneda, pero sólo podrán efectuarse ajustes de esta clase, cuando ellos abarquen a todos los empleados y funcionarios de la Provincia. En el concepto de dieta queda incluida cualquier suma de dinero, cualquier asignación en especie, cualquiera que sea la denominación con que se las mencione, que en razón de sus funciones reciba el legislador, cuyo conjunto no podrá exceder de la remuneración acordada al vicegobernador”.
En cambio, la Convención Constituyente dispuso, en su artículo 68: “Los legisladores percibirán mensualmente una suma de dinero que se denominará dieta, tendrá carácter compensatorio de la función y será fijada por la Presidencia del Cuerpo”.
La nueva disposición, consecuentemente, no sólo habilita las subas de las remuneraciones parlamentarias durante el transcurso de un mismo mandato, sino que, además, elimina la obligatoriedad de que esos aumentos deban establecerse por medio de una ley.

Previsiones
El incremento en las remuneraciones no representa un imprevisto para los recursos con que cuenta la Provincia para el ejercicio 2006. Por el contrario, se encuentra considerado en el aumento de $ 220 millones en el presupuesto para los tres poderes. La suba fue fijada en el decreto de necesidad y urgencia 21/3, dictado por el gobernador José Alperovich con acuerdo de los ministros, que está siendo analizado en la comisión parlamentaria de Hacienda.
Para la Legislatura, se prevén $ 30 millones más para este año (la partida general pasará a ser de $ 122,5 millones), de los cuales $ 800.000 se destinan específicamente a reforzar la dieta de los legisladores.