La carta de un general y un convenio, entre los fundamentos de la decisión

Si bien la historia azucarera argentina está signada por políticas que han sido el triste enfrentamiento entre lo que buscaba lograr el interior y los intereses de Buenos Aires y su puerto, el cierre de ingenios no fue otra cosa que el resultado de políticas que se aplicaron para destruir un centro industrial que se había desarrollado a pesar de las trabas impuestas desde el poder central. No puede, entonces, llamarnos la atención el cierre de ingenios. Pero para los tucumanos resulta importante desentrañar el porqué.
Las zafras de 1957, 58 y 59 fueron importantes, por los niveles de producción alcanzados; pero significaron también un proceso de acumulación de stocks que, al presionar en el mercado interno, afectaron los niveles de precios.
La situación se vio acentuada por la campaña que, desde el Ministerio de Economía comandaba Alvaro Alzogaray, que publicitaba entre sus logros el haber conseguido que bajara el precio del azúcar. La sinrrazón de tal actitud queda patentada si se piensa que el precio, fijado por el Estado sobre la base de estudios de costos que realizaba, no se alcanzaba por la campaña dirigida desde el mismo Estado, pero de todas formas se logró que el precio de venta del producto fuera un 50% del establecido como razonable.
Los años posteriores fueron difíciles para el sector, pero el huracán Flora, que devastó los cañaverales de Cuba y mermó la oferta exportable, entonó en 1963 los precios del mercado internacional. La Argentina concretó exportaciones que equilibraron los quebrantos que en años anteriores habían generado políticas equivocadas. A partir de 1964, y como reacción a los buenos precios de 1963, la remolacha incrementó su producción y la oferta internacional, con lo que los precios del azúcar en el mercado mundial se colocaron en lo niveles más bajos en la historia.
En 1965 la tonelada se cotizó a un promedio de U$S 45; a U$S 39 en 1966 y a U$S 42 en 1967. En 1965 la economía azucarera mundial, incluida la argentina, se encontraba al borde del colapso total. En enero de 1966, el Gobierno nacional dictó la Ley 16.880 de Emergencia Azucarera, buscando solucionar la crisis; meses antes había anticipado la actitud al tratar de inmovilizar azúcares para evitar la sobreoferta interna y el deterioro de los precios. La ley facultaba al PEN a expropiar los azúcares existentes y a intervenir las empresas. Sobre la base de lo establecido en la norma -que buscó aportar soluciones para la crisis del sector- fue que el gobierno de la Revolución Argentina, que lideraba Onganía, dictó la Ley 16.926, para intervenir los ingenios so pretexto de su irresponsable conducción.
Desde ningún punto de vista el cierre fue el resultado de una razonada y estudiada medida. Por el contrario: el desconocimiento de nuestra realidad y la improvisación fueron las causas finales de una de las crisis sociales y económicas más agudas que haya tenido que enfrentar Tucumán. Se transformó lo que era una crisis mundial en crisis e inconsciencia de los tucumanos.
Como ministro de Economía que fui, pude vivir los resultados del cierre de ingenios y constatar que la medida no fue caprichosa, por dos antecedentes que años después pude conocer. El primero es una carta de un general a Onganía, en la que le recomendaba mostrar al país la voluntad de cambio que impulsaba la Revolución Argentina. Le aconsejaba que ese cambio se concretara en algo muy arraigado, como la actividad del azúcar. Cabe peguntarse si el consejo nacía de una idea caprichosa o si por detrás de ella existían intereses dirigidos a achicar el parque industrial tucumano.
El segundo antecedente es el convenio que formalizaron el ministro de Economía de entonces, Néstor Salimei, y el gobernador de Tucumán, Aliaga García, condicionando la ayuda económica que brindaría la Nación -a causa de los cierres- a que se desmantelara el ingenio San Antonio, cuya quiebra se había declarado antes. Meses después, tras su renuncia al cargo, el propio Salimei aparece intentando comprar el mismo ingenio que como ministro había ordenado desmantelar. (Especial para LA GACETA)