"La acordada de la Corte no se ajustó al motivo de la consulta"

En el Poder Ejecutivo no cayó bien la acordada mediante la cual, el lunes, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia calificó de inoportuna, inconveniente y de viciada de un grave error conceptual la iniciativa del bloque de legisladores oficialistas que promueve la creación de un Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, por encima de la Cámara que hoy, con tres salas, funciona en ese fuero.
El gobernador, José Alperovich, no habló sobre el tema, pero sí lo hizo el ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, quien no ocultó su sorpresa. "La comisión de Hacienda de la Legislatura había consultado a la Corte sobre el presupuesto que demandaría la creación del nuevo tribunal, pero nos encontramos con un pronunciamiento que, sin ajustarse al motivo de la consulta, se refiere a las facultades legislativas", aseveró el funcionario anoche.
Jiménez fue más allá, inclusive. "Si bien esta es una opinión, los legisladores sabrán apreciar estas y otras razones, como ser, la importancia que tienen las segundas instancias (en los diferentes fueros); su acción garantizadora y sus virtudes, elementos que fueron destacados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el reciente fallo ?Casal?, y por los tratados internacionales", manifestó.
Jiménez se refería a la orden emitida el 20 de setiembre de 2005, en el fuero penal y en el marco del expediente caratulado "Casal, Matías Eugenio y otro, s/robo simple en grado de tentativa", por el alto tribunal, que disponía la obligación del Estado de habilitar una instancia revisora de las sentencias aun cuando lo que se discuta en la oportunidad sean los hechos de la causa. Hasta entonces, la posibilidad recursiva estaba limitada a cuestiones vinculadas sólo a la aplicación del derecho.
En esa ocasión, el tribunal aludió a las disposiciones de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que estipulan la exigencia de garantizar una amplia doble instancia judicial a los Estados firmantes.
En la acordada del lunes, la Corte Suprema de la Provincia había advertido que si se buscaba que hubiera una segunda instancia, la solución constitucionalmente legítima consistía en crear juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo, para atribuir a la Cámara que ya existe las facultades propias de un órgano de apelación.
En estos momentos, en la Cámara están radicadas las causas en las que se objetan artículos de la reforma constitucional.