Organizaciones nacionales reclamarán por la independencia del Poder Judicial

Mañana, la sede del Colegio de Abogados volverá a estar ocupada por representantes de otras entidades intermedias, en solidaridad con la defensa del control de la matrícula en manos de la institución. Esta vez, los participantes serán referentes de organizaciones y federaciones de todo el país, para concretar una “jornada nacional en defensa del estado de derecho, del sistema republicano, de la independencia del Poder Judicial, y de la abogacía libre e independiente”, según sostiene el lema convocante.
El titular de los letrados, Antonio Bustamante, reiteró que “el objetivo central de la iniciativa es el amordazamiento de la opinión”, y aseguró que es una represalia por la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la reforma constitucional. “Se reflotó un viejo proyecto de ley de 1990, pergeñado por estructuras de pensamiento dictatoriales devenidas en democráticas de aquella época”, agregó.
El directivo resaltó que las modificaciones a la Carta Magna “afectan sustancialmente o desnaturalizan institutos consagrados en la Constitución Nacional, referidos a los mecanismos de designación y de remoción de los jueces”. Recordó que en la causa impulsada ante la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativa, se dictó una medida de no innovar que suspendió la formación del Consejo Asesor de la Magistratura.
Bustamante también cuestionó el intento de postergar el pago de los bonos profesionales, lo que derivaría en una asfixia económica en materia de autofinanciamiento para la institución. “El proyecto es un acto desprovisto absolutamente de legalidad, legitimidad, razonabilidad y razón de ser, constituyéndose en la más despótica y autoritaria forma de oponerse a nuestra judicial pretensión de dotar a la provincia de una norma que garantice el equilibrio de los poderes del Estado como forma elemental de funcionamiento social. Este colegio goza de reconocimiento, prestigio y eficiencia como persona de derecho público no estatal que cumple por mandato legal lo que tiene que ver con los intereses profesionales puntualmente y, centralmente, con políticas dirigidas al beneficio de la sociedad en su conjunto y a la administración de una Justicia eficaz e independiente ”, concluyó.