El relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de jueces y abogados, Leandro Despouy, aclaró que diferentes casos, del exterior y de la Argentina, lo obligaron a actuar para evitar que se perjudicara a magistrados y letrados.
“En Ecuador se produjo una crisis institucional por la destitución de la Corte Suprema, que derivó en la caída del Gobierno. La Red de Justicia para la Democracia pidió mi intervención para que la nueva conformación fuera acorde con los principios democráticos. En Italia, durante la gestión de Silvio Berlusconi, se impulsó un proyecto de ley sobre el Consejo de la Magistratura. Emití una opinión negativa, pero el Congreso siguió adelante. Tuve que interceder ante el presidente Carlo Ciampi, que vetó la norma inconstitucional. Brasil discutió una reforma a su Carta Magna, que se concretó atendiendo a varias de mis observaciones”, recordó.
Despouy advirtió que estas gestiones fueron previas a la elaboración de un informe ante la comisión de Derechos Humanos de la ONU, paso siguiente cuando un Gobierno no acepta las advertencias. “Cuando esto sucede, se pone en marcha un mecanismo muy pesado, e interviene el Estado nacional, que tiene que explicar cómo cumple los tratados internacionales en un debate público, en Ginebra. Antes que ello ocurra, es preferible dialogar”, dijo.
“En Ecuador se produjo una crisis institucional por la destitución de la Corte Suprema, que derivó en la caída del Gobierno. La Red de Justicia para la Democracia pidió mi intervención para que la nueva conformación fuera acorde con los principios democráticos. En Italia, durante la gestión de Silvio Berlusconi, se impulsó un proyecto de ley sobre el Consejo de la Magistratura. Emití una opinión negativa, pero el Congreso siguió adelante. Tuve que interceder ante el presidente Carlo Ciampi, que vetó la norma inconstitucional. Brasil discutió una reforma a su Carta Magna, que se concretó atendiendo a varias de mis observaciones”, recordó.
Despouy advirtió que estas gestiones fueron previas a la elaboración de un informe ante la comisión de Derechos Humanos de la ONU, paso siguiente cuando un Gobierno no acepta las advertencias. “Cuando esto sucede, se pone en marcha un mecanismo muy pesado, e interviene el Estado nacional, que tiene que explicar cómo cumple los tratados internacionales en un debate público, en Ginebra. Antes que ello ocurra, es preferible dialogar”, dijo.
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