Enérgico repudio a los proyectos del oficialismo

Empresarios, profesionales, jueces, académicos y organizaciones intermedias describieron ayer un oscuro panorama institucional en Tucumán. Esta dura recepción fue el primer encuentro público que tuvo el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Leonardo Despouy, en su visita a la provincia.
Las críticas a la gestión de José Alperovich fueron unánimes, lo que potenció el complejo cuadro descripto por el Colegio de Abogados (anfitrión del encuentro), cuando pidió la intervención del diplomático. Si bien la presencia de Despouy fue motivada por el polémico proyecto de retirarle el control de la matrícula a los letrados a fin de que lo asuma la Corte Suprema de Justicia, las observaciones abarcaron muchos otros tópicos.
“En Tucumán se está distorsionando el sistema democrático por el personalismo de Alperovich, quien ejerce el Gobierno como si fuese un unicato”, advirtió Humberto Sánchez (FET). Añadió que la ausencia de diálogo es una constante en la actual gestión, ya que la entidad no obtuvo ni siquiera una respuesta a sus pedidos de audiencia. “Hay una política totalitaria, que se acentúa con los exabruptos verbales que comete el mandatario y pone en riesgo a todas las instituciones”, planteó el empresario.
El camarista penal Pedro Roldán Vázquez (Red de Justicia por la Democracia) cuestionó la reciente reforma constitucional, en especial la conformación de los objetados Consejo Asesor de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento (al que calificó como un pelotón de fusilamiento de jueces díscolos, antes que un cuerpo imparcial). Aseveró que los cambios implicaron “un golpe casi mortal a la independencia del Poder Judicial, porque profundizaron reformas legales y estructurales anteriores que atacaron su credibilidad”. En particular, repudió la Cámara Unica de Apelaciones en lo Penal, y pidió su disolución.
La presencia de Despouy fue considerada una bocanada de aire fresco por la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Gilda Pedicone de Valls. “Se están analizando proyectos horribles. Esperemos que su sola presencia disuada a los legisladores de avanzar pero, si no es así, díganos qué podemos hacer en el plano internacional. Hay una pérdida muy fuerte de calidad institucional en la provincia, y se le está pidiendo demasiado a un Poder Judicial que también está amenazado”, señaló.

Pasado, presente y futuro
En el plenario, el vicepresidente de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán, José Antonio Russo, recordó que la mayoría de los colegios profesionales controla la matrícula desde la década del 40, y leyó un fallo de la Corte Suprema de la Nación, en el que se elogiaba ese sistema y se mencionaba que la intervención del Estado complicaba el control y generaba burocracia.
“Tucumán es la provincia más difícil del país para invertir en minería por la falta de seguridad jurídica, según coincidieron empresarios extranjeros. Nunca se sabe qué pasará”, se lamentó el geólogo Miguel Gianfrancisco.
La abogada Milagros Gallardo (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) advirtió que la iniciativa que impulsa el oficialismo parlamentario afecta derechos ciudadanos, no sólo a los colegios. Señaló que el Gobierno designará 50 magistrados cuando se jubilen los que actualmente están en condiciones de hacerlo.
“Temo que Tucumán sea una prueba piloto para el país. El Poder Ejecutivo Nacional no confía en las instituciones intermedias, y posiblemente quiera repetir lo que se concrete acá. El presidente Néstor Kirchner conoce perfectamente la situación provincial, pero no emitió opinión alguna”, se quejó el contador Andrés Brunetti, secretario de Hacienda de la Confederación General de Profesionales de la República Argentina (CGP), como cierre del encuentro de ayer.