El rol co-legislador del Poder Ejecutivo

BUENOS AIRES.- La discusión acerca de la validez o no de los cambios en la ley de Administración Financiera que le otorgará mayores poderes a la Jefatura de Gabinete para modificar partidas presupuestarias ha dejado en un segundo plano una realidad que, a fuerza de repetirse, ya se ha vuelto un hecho cotidiano.El fenómeno que ya se viene aplicando y, por ende, ni siquiera necesita de una reforma a la legislación, es el del cambio en la distribución de los créditos presupuestarios, así como su ampliación, a través de decretos de necesidad y urgencia de la Presidencia o de decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una delegación de facultades que, a falta de argumentos de peso que vayan más allá de la incapacidad de algunos legisladores para cumplir su rol de contrapeso del Ejecutivo, puede resumirse en la insólita posición confesada por uno de ellos: la "confianza" que les merece el actual jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Por más que la ley aprobada tenga una vigencia que exceda el mandato del actual gobierno. "Todo legal", como rezara el título de una vieja película. Todo legal desde hace más de una década, cuando al calor de la reforma constitucional de 1994 se instauró el rol co-legislador del Poder Ejecutivo, como señalara el por entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien no hubiera sospechado contar con herederos que superaran tan ampliamente su propósito.
Es que en el primer semestre del año, sin que el Gobierno dispusiera aún de la reforma legal propuesta en medio del Mundial de Fútbol, el Presupuesto 2006 se incrementó en $ 1.264 millones en medio de modificaciones en la distribución de créditos con ganadores y perdedores dentro de la administración nacional.
Los $ 1.264 millones representan el 1,3% del gasto total presupuestado para el ejercicio 2006. Así presentadas las cosas, pareciera ser correcto el criterio expresado por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien minimizó los efectos de los denominados "superpoderes" al considerar que las modificaciones tienen una incidencia insignificante sobre el total del Presupuesto.
Pero una información más detallada muestra que el incremento no es uniforme y que en algunas áreas tiene el peso de un presupuesto paralelo. Es el caso del Ministerio de Planificación Federal, en el que las ampliaciones presupuestarias representaron en la primera mitad del año un 14,8% del total asignado originalmente. Como si para esa cartera el año tuviera una duración de catorce meses, si se tiene en cuenta el porcentaje de la ampliación.
En valores absolutos, la modificación cobra una trascendencia significativa: Planificación incrementó su presupuesto en $ 1.545,1 millones y por sí sola esta suma representa el 122,2% del total de ampliaciones presupuestarias. Ese 122,2% no es un error tipográfico. A costa de las compensaciones con otras áreas de gobierno, que redujeron sus partidas iniciales, los superpoderes lograron que por una vez las partes superaran al todo. Mejor dicho, "la parte", ya que no hay otro ministerio que se haya favorecido tanto en este reparto como el encabezado por Julio de Vido.
Si se realiza una comparación con otras jurisdicciones de la administración nacional, los $ 1.545,1 millones de aumento otorgados en seis meses a Planificación por medios de decretos de necesidad y urgencia y decisiones administrativas, superan al presupuesto del Poder Judicial de la Nación para todo el año. O, si se prefiere, quintuplica al del Ministerio Público.
Estos movimientos de recursos sin intervención del Poder Legislativo podrán seguir realizándose de ahora en más sin que el Ejecutivo corra el riesgo de un rechazo parlamentario al articulado de cada proyecto de ley de Presupuesto que se presente. Más allá de quienes sean los futuros presidentes, ministros o jefes de Gabinete y la "confianza" que cada uno de ellos les merezcan a los legisladores. (DyN)