El PE eludió un control de legalidad con un decreto

No llegó a convertirse en acordada, pero el borrador es más que elocuente sobre las objeciones que hicieron asesores del Tribunal de Cuentas (TC) a la operatoria para que las empresas constructoras accedan a créditos en el Banco del Tucumán y no se paralice la obra pública. Es que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) puso en conocimiento del organismo de control una resolución interna -que daba pie a este sistema- y que no llegó a ser objetada formalmente porque el propio IPV la retiró antes. Inmediatamente después, el PE envió a la Legislatura el decreto 18/3 que crea este régimen de crédito. Así, si la Cámara aprueba el DNU, la operatoria quedará al margen del control de legalidad del TC. Sin embargo, el borrador -que califica de insanable y de falta de idoneidad técnica la propuesta- ya circula entre los legisladores. Pese a ello, el bloque del PJ adelantó que aprobará el decreto del Ejecutivo.