Desde la oposición parlamentaria se profundizan los cuestionamientos al decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, que impulsa una línea crediticia del Banco del Tucumán para las empresas contratistas de obras públicas. La norma sería tratada en la próxima sesión legislativa (prevista para el jueves); cuenta con el aval del justicialismo y de sus aliados.
El legislador Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes -CI-) pretende trabar el debate de este decreto. Para ello, reclamó información a las comisiones de Obras Públicas y de Hacienda (sus presidentes son José Teri y Fernando Juri Debo, respectivamente), para que le aclaren puntos que están oscuros en la norma.
Solicitan precisiones
Danesi afirmó que el decreto 18/3 no especifica de dónde surge la determinación del monto de $ 50 millones solicitado para la autorización parlamentaria, y que tampoco tiene precisiones acerca de cómo se definió el plazo de 180 días tanto para el pago como para las órdenes de pago diferidas.
“Es necesario realizar un estudio pormenorizado de las obras que se están ejecutando y de su estado de avance, para concretar un serio y adecuado tratamiento de este proyecto. No se conoce cuáles son las empresas contratistas, su estado financiero o la factibilidad técnica de efectivo cumplimiento contractual de sus compromisos con el Estado, en cuanto a la finalización de los emprendimientos”, sostuvo.
El referente de CI aseguró: “no basta que en el decreto se aluda a los programas habitacionales federales, sino que se debe especificar la cuantía y naturaleza de las obras que quedarían comprendidas en la operatoria financiera”. “Será de suma gravedad institucional emitir un dictamen sin tener estos datos”, alertó.
El legislador Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes -CI-) pretende trabar el debate de este decreto. Para ello, reclamó información a las comisiones de Obras Públicas y de Hacienda (sus presidentes son José Teri y Fernando Juri Debo, respectivamente), para que le aclaren puntos que están oscuros en la norma.
Solicitan precisiones
Danesi afirmó que el decreto 18/3 no especifica de dónde surge la determinación del monto de $ 50 millones solicitado para la autorización parlamentaria, y que tampoco tiene precisiones acerca de cómo se definió el plazo de 180 días tanto para el pago como para las órdenes de pago diferidas.
“Es necesario realizar un estudio pormenorizado de las obras que se están ejecutando y de su estado de avance, para concretar un serio y adecuado tratamiento de este proyecto. No se conoce cuáles son las empresas contratistas, su estado financiero o la factibilidad técnica de efectivo cumplimiento contractual de sus compromisos con el Estado, en cuanto a la finalización de los emprendimientos”, sostuvo.
El referente de CI aseguró: “no basta que en el decreto se aluda a los programas habitacionales federales, sino que se debe especificar la cuantía y naturaleza de las obras que quedarían comprendidas en la operatoria financiera”. “Será de suma gravedad institucional emitir un dictamen sin tener estos datos”, alertó.
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