Objetan los créditos en favor de constructoras

En el Tribunal de Cuentas (TC) hay un borrador interno elaborado por el departamento jurídico, al que tuvo acceso LA GACETA, que formula graves observaciones técnicas y jurídicas al convenio entre el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) y el Banco del Tucumán. A través de la operatoria, se abre una millonaria línea de créditos ($ 50 millones) para las empresas contratistas de obras públicas habitacionales, en caso de que la Nación demore el envío de los fondos comprometidos.
Mediante la resolución 4.156 del 18 de julio, el Ipvdu aprobó el modelo de convenio con el agente financiero de la provincia. El expediente 9241-440-06 ingresó al ente de control; pero el 26 de ese mes fue retirado por el Ipvdu.
A través del acuerdo 2.015, los vocales Miguel Chaibén Terraf y Sergio Díaz Ricci accedieron al planteo del interventor del Ipvdu, Gustavo Durán, y devolvieron el expediente. Advirtieron, no obstante, que la resolución no podría ser ejecutada hasta que el TC emitiera un pronunciamiento definitivo sobre la operatoria.
Dos días después de ese trámite, el gobernador José Alperovich firmó el decreto acuerdo 18/3 y lo remitió a la Legislatura. Mediante el instrumento, el Ipvdu queda facultado a suscribir el convenio con el Banco del Tucumán, aunque con algunas de las salvedades jurídicas formuladas desde el Tribunal de Cuentas. En caso de que el DNU sea ratificado por la Cámara (el bloque de legisladores oficialistas anticipó su aval), el órgano de control no tiene facultades para observarlo.
“La resolución sometida a control y sus anexos instrumentales se hallan afectados de falta de idoneidad técnica, jurídica e instrumental y de nulidad absoluta e insanable”. Los conceptos corresponden a un borrador de dictamen que habrían elaborado los asesores del TC que revisaron la primera resolución del Ipvdu avalando la operatoria financiera.
El documento al que tuvo acceso LA GACETA ya circula por los pasillos legislativos y presenta graves observaciones al convenio inicial entre el Ipdvu y la entidad financiera. “Actúa como unidad jurisdiccional ejecutora en la Provincia de los programas federales, es decir concretamente que absolutamente nada tiene que ver con el financiamiento de los mismos”, aclara.
El dictamen también recuerda que esa delimitación de competencia y de roles en las relaciones jurídicas fue expuesta por el Tribunal de Cuentas en sus intervenciones. “Teniendo en cuenta lo expuesto, resulta evidente que a través de los instrumentos sometidos a control, el Ipvdu se introduce en la relación jurídica de origen así conformada, asumiendo la grave y especial responsabilidad, tanto funcional como institucional y económico-financiera, de pagar a través de la operatoria”, prosigue el borrador.
El texto hace mención a la procedencia de los fondos. “Al banco no le interesa ni le puede interesar que los fondos sean nacionales o provinciales, ya que lo único que cuenta es la obligación de pago del Ipvdu a la fecha de vencimiento o de la prórroga. Y esto lo va a tener que hacer con fondos propios, si no llegan oportunamente los fondos nacionales”, agrega el dictamen jurídico.
Finalmente, el documento enfatiza que no constituye un fin propio del Instituto de la Vivienda suplir el incumplimiento de la Nación con financiamiento conseguido a través de operatorias crediticias bancarias. “Esto excede absolutamente su rol de unidad jurisdiccional ejecutora de los programas federales”, concluye.




El legislador republicano José Costanzo anunció que emitirá dictamen en contra del decreto 18/3 del Poder Ejecutivo, por el cual se quiere habilitar un financiamiento para la ejecución de obras públicas, por la demora de la Nación en remitir fondos. De este modo, el opositor rechazó la idea del oficialismo de poder ratificar por unanimidad la propuesta del Gobierno. “Los bussistas no vamos a acompañar este proyecto porque debemos ser coherentes. Hemos venido rechazando el megaemprendimiento de Lomas de Tafí desde el inicio, porque está manchado de corrupción, como otras iniciativas”, explicó.
“Técnicamente, el decreto es espantoso, porque se utiliza obligadamente al agente financiero de la provincia para tener fondos para las obras, lo que indica que algo está fallando”, aseguró Costanzo.


“El decreto 18/3 es otra prueba de la infamia de esta reforma. El efecto cumplido de esta disposición será que a las empresas constructoras se les adjudicarán créditos por 180 días a elevadas tasas de interés, debiendo cancelar la Provincia (es decir los contribuyentes) estos préstamos si el dinero no llega”, disparó el abogado constitucionalista Luis Iriarte. Recordó que cuestionó judicialmente la validez constitucional de la posibilidad concedida al gobernador de legislar a través de los decretos de necesidad y urgencia. “El Poder Ejecutivo, al dictarlos, presenta a la Legislatura hechos consumados al abrigo de sus disposiciones. Así ocurrió con el DNU referido a Lomas de Tafí, que habilitó al Instituto de la Vivienda a dictar una resolución prescindiendo de la licitación pública para la construcción de las viviendas”, aseveró Iriarte.


La senadora nacional Delia Pinchetti de Sierra Morales (FR) envió una carta al presidente Néstor Kirchner en la que explicó sus cuestionamientos contra la operatoria entre el Instituto de la Vivienda y el Banco del Tucumán. “Entiendo que la ejecución de las obras públicas debe articularse entre el Estado y el sector privado, sumando el esfuerzo de ambos. Pero resulta inadmisible que en nombre de su concreción se deba impulsar una operación bancaria armada bajo el pretexto de que la retención nacional de dichos fondos se debe al intento de su Gobierno (nacional) de disimular el déficit en las cuentas públicas, tal como lo explicitó el gobernador José Alperovich”, afirmó.
La senadora remarcó que el impulso de la obra pública no debe sustentarse en intentos espurios por concretar negocios privados.