Nuevo avance del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo

BUENOS AIRES.- La noche del jueves 29 de junio, apenas 15 horas antes del inicio del partido entre Argentina y Alemania por el Mundial de Fútbol, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley que amplía los poderes del jefe de Gabinete para distribuir a su criterio las partidas del presupuesto.
La derrota impidió que el tema se perdiera en medio de la euforia que hubiera representado el pase a las semifinales, y dejó lugar a las discusiones entre oficialistas y opositores en torno de la validez constitucional de la iniciativa del gobierno del presidente Néstor Kirchner, así como la pérdida de la calidad institucional.
Quizás el tema no escandalice tanto en un país donde sobran los dedos de una mano para contar las provincias que no modificaron sus constituciones en beneficio de un circunstancial gobernador (algún ejemplo de la Nación tuvieron...), pero conviene no dejar pasar por alto tanto el constante avance del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo en los últimos 15 años, cuanto la pasividad de diputados y senadores al delegar facultades que les son propias.
Para plantear el debate sobre bases sólidas, no está de más partir de un principio tan obvio como incumplido: por definición, las facultades constitucionales están para ser ejercidas, no delegadas. En todo caso, las delegaciones se pueden dar en situaciones excepcionales y por un período limitado. Pero es evidente que en la Argentina las excepciones son permanentes, con un impuesto a las Ganancias que hace 74 años es "transitorio" y un régimen de coparticipación federal por el que las provincias "delegan" en la Nación su facultad de recaudar desde el 1 de enero de 1935.
El mismo proceso podría darse en el caso del Presupuesto, al que sólo por una costumbre se le sigue denominando "la ley de leyes" cuando, por ejemplo, uno de cada cinco pesos del ejercicio 2005 fue ejecutado mediante decretos de necesidad y urgencia y decisiones administrativas.
El argumento del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en el sentido de que "nada va a cambiar" respecto de la administración presupuestaria de los últimos años, no pasa de una verdad a medias. Es cierto que ya se hizo costumbre que la Jefatura reasigne partidas mediante decisiones administrativas, pero el proyecto de ley va mucho más allá de lo que se viene haciendo.
En primer lugar, el pedido de los denominados "superpoderes" se realiza cada año dentro del mismo proyecto de ley de Presupuesto, corriendo el riesgo el Poder Ejecutivo de que el Parlamento no le apruebe el artículo de la delegación de facultades. En otras palabras, que los legisladores asuman su deber de legislar. Tal fue el caso del eternamente rechazado "artículo 13", con el que el ex presidente Carlos Menem y su ministro Domingo Cavallo pretendían se les delegue la facultad de hacer y deshacer más de 50 organismos descentralizados. Si se aprueba el nuevo proyecto de ley, ese trámite ya no sería necesario: las facultades ya estarían delegadas antes de la presentación de cada presupuesto y aun con una hipotética mayoría parlamentaria en contra.
Desde esa perspectiva, es por lo menos ingenua (en el mejor de los casos) la justificación de algunos senadores de aprobar el proyecto porque Alberto Fernández les merece confianza. ¿Qué dirán en el futuro si el jefe de Gabinete es de otro signo político o no es digno de confiarle la administración de decenas de miles de millones de pesos? Pero además, el texto de la modificación propuesta para el artículo 37 de la ley de Administración Financiera faculta al jefe de Gabinete "a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades". Es decir: todo. Y no es una exageración.
El único límite que le impone el proyecto al jefe de Gabinete es el de no gastar más que el total del presupuesto, pero ese no es un problema demasiado grave: para eso están los decretos de necesidad y urgencia, que el año pasado permitieron erogaciones por $ 10.789 millones. Fuera de ese obstáculo, no hay nada en el texto del proyecto de ley que impida al jefe de Gabinete modificar todas las asignaciones presupuestarias a su criterio, mucho más allá de lo que realiza cotidianamente a través de las decisiones administrativas. Uno de los pocos límites para la reasignación de gastos lo establecen las "finalidades", denominación presupuestaria que marca cinco áreas diferenciadas: administración general, servicios sociales, seguridad y defensa, servicios económicos y deuda pública. (DyN)