Por Redacción Política
01 Julio 2006
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El Colegio de Abogados del Sur resolverá en asamblea general de asociados si recurre a la Justicia en contra del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Directivos de la entidad están analizando el contenido del decreto que dispuso la integración del instituto y lo resuelto por la Convención Constituyente sobre el tema, para emitir una declaración que será debatida luego de la feria judicial de invierno.
El presidente de la entidad, Eduardo Fernández, afirmó que cualquier decisión sobre la cuestión debe ser tomada por el órgano soberano y no por la comisión directiva del colegio profesional.
El letrado reconoció que están muy preocupados por la situación de la Justicia de Concepción. “Existe el grave problema de que el único juzgado correccional está vacante desde hace más de dos años, y eso está produciendo la prescripción de algunas causas”, dijo.
A título personal, Fernández cuestionó el decreto 1.820 del Poder Ejecutivo, cuya ejecutoriedad fue suspendida por la Justicia y que fija la preeminencia del poder político en la integración del CAM. “Para integrarlo nos exigen 25 años de ejercicio en la profesión, mínimo que no se pide a los otros miembros. Nuestro colegio tiene apenas 10 años, y no tiene más de 10 o 12 afiliados con esa antigüedad exigida sobre un universo de 250 abogados. Es absolutamente desproporcionado; en particular, cuando para ser juez basta con 5 años en la matrícula”, explicó.
También criticó que, según el decreto, los otros estamentos integrantes del CAM pueden designar a sus representantes, mientras que los abogados saldrían de un sorteo.
Respaldo a la cautelar
“La medida cautelar dictada por la Justicia está de acuerdo con lo que dijo la Federación Argentina de Colegios de Abogados, ya que existen puntos litigiosos que impedían la puesta en funcionamiento del nuevo sistema. Ahora no se pueden elegir jueces, pero esto todavía no es un problema”, señaló el letrado.
El directivo reclamó a la Justicia que dicte una resolución de fondo en tiempo oportuno. “Con esto, está perdiendo la sociedad, que es la que se ve privada de acceder a la Justicia, y se está incumpliendo con el mandato constitucional”, afirmó.
El presidente de la entidad, Eduardo Fernández, afirmó que cualquier decisión sobre la cuestión debe ser tomada por el órgano soberano y no por la comisión directiva del colegio profesional.
El letrado reconoció que están muy preocupados por la situación de la Justicia de Concepción. “Existe el grave problema de que el único juzgado correccional está vacante desde hace más de dos años, y eso está produciendo la prescripción de algunas causas”, dijo.
A título personal, Fernández cuestionó el decreto 1.820 del Poder Ejecutivo, cuya ejecutoriedad fue suspendida por la Justicia y que fija la preeminencia del poder político en la integración del CAM. “Para integrarlo nos exigen 25 años de ejercicio en la profesión, mínimo que no se pide a los otros miembros. Nuestro colegio tiene apenas 10 años, y no tiene más de 10 o 12 afiliados con esa antigüedad exigida sobre un universo de 250 abogados. Es absolutamente desproporcionado; en particular, cuando para ser juez basta con 5 años en la matrícula”, explicó.
También criticó que, según el decreto, los otros estamentos integrantes del CAM pueden designar a sus representantes, mientras que los abogados saldrían de un sorteo.
Respaldo a la cautelar
“La medida cautelar dictada por la Justicia está de acuerdo con lo que dijo la Federación Argentina de Colegios de Abogados, ya que existen puntos litigiosos que impedían la puesta en funcionamiento del nuevo sistema. Ahora no se pueden elegir jueces, pero esto todavía no es un problema”, señaló el letrado.
El directivo reclamó a la Justicia que dicte una resolución de fondo en tiempo oportuno. “Con esto, está perdiendo la sociedad, que es la que se ve privada de acceder a la Justicia, y se está incumpliendo con el mandato constitucional”, afirmó.
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