El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Carlos Dato, desvinculó las demoras en cubrir las vacantes existentes en los Tribunales de la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de suspender la ejecutoriedad del decreto del Poder Ejecutivo que integraba el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Es más: aseguró que hay tantos cargos acéfalos como los que había antes de la reforma de la Constitución, por la que se estableció el CAM.
"El funcionamiento de la Justicia es una responsabilidad de la Provincia, como lo establece la cláusula de garantía del Estado federal en la Constitución nacional". Con estas palabras, Dato salió indirectamente al cruce del gobernador, José Alperovich, quien, al conocer la resolución firmada por el camarista Carlos Giovanniello, dijo que iba a acatar la decisión, pero advirtió que la imposibilidad de designar nuevos magistrados por falta de integración del CAM pasaba a ser un problema del Poder Judicial, no del Ejecutivo.
"Si el gobernador consiente la medida de la Cámara, evidentemente le ve alguna base de legitimidad y de verosimilitud", afirmó el magistrado a LA GACETA.
-¿Esta nueva situación le genera problemas?
-No advertimos que, en el corto plazo, haya ninguna dificultad para que siga funcionando la Justicia. No hay más vacantes que las que había antes de la reforma: tres originadas en febrero de este año, que son dos defensorías y una vocalía de la Cámara Penal en la capital, y una cuarta que se remonta a mayo de 2004, que es la del Juzgado Correccional de Concepción.
-¿Cómo interpreta la decisión de Giovanniello?
-La Justicia ejerce su función constitucional y legal, que es controlar los actos del Poder Ejecutivo. Me parece exagerado plantear este tema en términos de que un pronunciamiento imposibilite que los Tribunales puedan funcionar. De ninguna manera una causa va a enervar el funcionamiento del Poder Judicial, ni por su importancia institucional ni por el tiempo que vaya a demorar su tramitación.
-¿Se siente presionado?
- Cuando uno está en el ejercicio de ciertos cargos no debe sentirse presionado, aunque existan presiones. Un cargo implica una responsabilidad que comienza desde el momento de la jura, e involucra a la función misma. Debemos tener mesura y prudencia, y dar cumplimiento al debido proceso.
-¿Cómo sigue este proceso?
-Hay numerosas causas y diversas pretensiones sobre la reforma. Lo dispuesto sólo tiene que ver con un proceso concreto, y recae sobre el decreto del PE sobre el CAM. Habrá que ver qué planteos hace la Provincia cuando intervenga en los juicios. Tengo confianza en que puedan resolverse en poco tiempo, pero me imagino que será después de la feria. Luego, habitualmente, las cuestiones de esta naturaleza llegan a la Corte y terminan en ella, porque la Nación considera que los tribunales supremos de cada provincia son los máximos intérpretes de las legislaciones locales, incluyendo la Constitución de cada una.
-Según versiones, corre riesgo el régimen jubilatorio especial para los jueces acordado con la Nación en represalia política por el fallo.
- Si esto fuera verdad, sería muy grave, porque llevaría agua para el molino de quienes piensan que los jueces éramos capaces de cambiar el sentido de una sentencia como trueque por la jubilación y la Ciudad Judicial. Descarto que Alperovich pueda tomar una actitud como esta; él es el gobernador. Paradójicamente, la situación se vería agravada si el Poder Ejecutivo ratifica el acuerdo con la Anses, porque podría darse una jubilación masiva de magistrados locales.
-¿Fueron convocados a integrar el CAM?
-Nos llegó la invitación, pero cuando nos abocábamos a definir si correspondía que lo integráramos surgió la medida cautelar que suspendió todo. El CAM aparece como un instituto novedoso, por las atribuciones conferidas por la Carta Magna al PE.
"El funcionamiento de la Justicia es una responsabilidad de la Provincia, como lo establece la cláusula de garantía del Estado federal en la Constitución nacional". Con estas palabras, Dato salió indirectamente al cruce del gobernador, José Alperovich, quien, al conocer la resolución firmada por el camarista Carlos Giovanniello, dijo que iba a acatar la decisión, pero advirtió que la imposibilidad de designar nuevos magistrados por falta de integración del CAM pasaba a ser un problema del Poder Judicial, no del Ejecutivo.
"Si el gobernador consiente la medida de la Cámara, evidentemente le ve alguna base de legitimidad y de verosimilitud", afirmó el magistrado a LA GACETA.
-¿Esta nueva situación le genera problemas?
-No advertimos que, en el corto plazo, haya ninguna dificultad para que siga funcionando la Justicia. No hay más vacantes que las que había antes de la reforma: tres originadas en febrero de este año, que son dos defensorías y una vocalía de la Cámara Penal en la capital, y una cuarta que se remonta a mayo de 2004, que es la del Juzgado Correccional de Concepción.
-¿Cómo interpreta la decisión de Giovanniello?
-La Justicia ejerce su función constitucional y legal, que es controlar los actos del Poder Ejecutivo. Me parece exagerado plantear este tema en términos de que un pronunciamiento imposibilite que los Tribunales puedan funcionar. De ninguna manera una causa va a enervar el funcionamiento del Poder Judicial, ni por su importancia institucional ni por el tiempo que vaya a demorar su tramitación.
-¿Se siente presionado?
- Cuando uno está en el ejercicio de ciertos cargos no debe sentirse presionado, aunque existan presiones. Un cargo implica una responsabilidad que comienza desde el momento de la jura, e involucra a la función misma. Debemos tener mesura y prudencia, y dar cumplimiento al debido proceso.
-¿Cómo sigue este proceso?
-Hay numerosas causas y diversas pretensiones sobre la reforma. Lo dispuesto sólo tiene que ver con un proceso concreto, y recae sobre el decreto del PE sobre el CAM. Habrá que ver qué planteos hace la Provincia cuando intervenga en los juicios. Tengo confianza en que puedan resolverse en poco tiempo, pero me imagino que será después de la feria. Luego, habitualmente, las cuestiones de esta naturaleza llegan a la Corte y terminan en ella, porque la Nación considera que los tribunales supremos de cada provincia son los máximos intérpretes de las legislaciones locales, incluyendo la Constitución de cada una.
-Según versiones, corre riesgo el régimen jubilatorio especial para los jueces acordado con la Nación en represalia política por el fallo.
- Si esto fuera verdad, sería muy grave, porque llevaría agua para el molino de quienes piensan que los jueces éramos capaces de cambiar el sentido de una sentencia como trueque por la jubilación y la Ciudad Judicial. Descarto que Alperovich pueda tomar una actitud como esta; él es el gobernador. Paradójicamente, la situación se vería agravada si el Poder Ejecutivo ratifica el acuerdo con la Anses, porque podría darse una jubilación masiva de magistrados locales.
-¿Fueron convocados a integrar el CAM?
-Nos llegó la invitación, pero cuando nos abocábamos a definir si correspondía que lo integráramos surgió la medida cautelar que suspendió todo. El CAM aparece como un instituto novedoso, por las atribuciones conferidas por la Carta Magna al PE.






