Abogados insisten en que la culpa es de los convencionales

“La actitud de José Alperovich, de no recurrir la medida de no innovar dispuesta contra la integración del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) es propia del centro de interés que él representa: la Provincia. La resolución judicial tiende a que no se agrave aún más la crisis institucional actual, y la decisión del gobernador va en la misma línea”, aseguró ayer Antonio Bustamante. El presidente del Colegio de Abogados de la capital responsabilizó por el conflicto a los convencionales constituyentes, ya que -entiende- se excedieron en sus funciones cuando reformaron la Constitución. Precisamente, Bustamante requirió a la Justicia que declare la nulidad de una decena de artículos de la nueva Carta Magna referidos a los sistemas diseñados para la selección y la remoción de los jueces.
“Las vacantes existentes en la Justicia ya existían antes de que comenzara a funcionar la Asamblea reformadora; no es una consecuencia del planteo del colegio. Es cierto que hasta tanto no se resuelva nuestra presentación, no se podrá designar a nadie, ya que la Justicia congeló esta situación para posibilitar que su sentencia definitiva sea válida y no se convierta en abstracta”, precisó el letrado.

Gestiones truncas
Bustamante recordó que es natural y lógico que haya cargos vacantes por jubilación, muerte, renuncias o destituciones. Destacó que, para evitar vacíos legales de larga duración, los convencionales deberían haber elegido un método idóneo, conforme a la ley que habilitó la reforma, para que este no fuera cuestionado ante la Justicia.
El abogado insistió en que el tema debe ser resuelto rápidamente. “Desde el Colegio hicimos todas las gestiones necesarias para que haya un rápido pronunciamiento. Ahora, pedimos que se concrete el traslado de la demanda al Gobierno. La cuestión es de puro derecho. Incluso, la provincia puede apurar los plazos y no esperar a que le corran traslado de la demanda, y contestar”, aseveró.
El proceso se prolongaría hasta después de la feria invernal, ya que el plazo máximo para que el Ejecutivo efectúe su descargo vence después del receso, que se extenderá entre el 10 y el 21 de este mes.