"Hay un vacío legal", dice Bustamante

Lejos de festejar, en el Colegio de Abogados recibieron con cautela la resolución mediante la cual la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se abstiene de ejecutar el decreto que dispuso la integración del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) hasta que no se resuelva la acción que presentó la institución contra una decena de artículos de la nueva Constitución.
“Estamos satisfechos por el fallo, pero no contentos, porque confirma la crisis institucional sobre la que advertimos, incluso en el momento en que la Convención estaba reunida y cuando aún se podía reconducir esta situación”, aseguró a LA GACETA el presidente de la entidad profesionales, Antonio Bustamante.
El letrado explicó que, como consecuencia de la resolución, “hasta tanto que no sea resuelta la cuestión de fondo quedará en suspenso el mecanismo de designación de los jueces previsto en la Constitución y del que el decreto 1.820 es una consecuencia”.
Si el viejo sistema no se puede aplicar y la ejecutoriedad del nuevo fue suspendida, ¿existe un vacío legal para cubrir vacantes en la Justicia? Frente a este pregunta, Bustamante no dudó. “Ya lo habíamos señalado en nuestra demanda. Esta es la crisis institucional que generaron los convencionales cuando, pese a nuestro planteo, siguieron adelante con algo para lo que no estaban legitimados, porque la ley no los habilitaba. Se excedieron”, señaló.

Celeridad
En el mismo sentido que su colega, el secretario de la entidad, Francisco García Posse, aseveró: “la medida cautelar dispuesta implica un reconocimiento a la seriedad de nuestro planteo. Por ello, en lo que de nosotros dependa, no dilataremos los plazos procesales, para que esta cuestión sea resuelta lo más rápido posible, porque una demora no sería buena para las instituciones”.
En su presentación, el Colegio de Abogados requirió la declaración de inconstitucionalidad y de nulidad de artículos de la Carta Magna referidos al sistema de designación y remoción de jueces.