Por Redacción Política
29 Junio 2006
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“Vamos a plantear la revocatoria”. Así lo adelantó anoche a LA GACETA el secretario general de la Gobernación, Francisco Sassi Colombres, minutos después de que el Poder Ejecutivo fuera notificado sobre el fallo de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo en contra de la ejecutoriedad del decreto 1820 que disponía la integración del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
Sassi Colombres indicó que el Gobierno no está de acuerdo con los fundamentos de la decisión judicial. “Entendemos que no se ajusta a derecho y que hay más de un elemento para plantear la revocatoria”, manifestó el funcionario, aunque no quiso profundizar en los cuestionamientos, ya que -señaló- el fallo estaba siendo analizado en el gabinete.
¿Cómo se hará la selección de los jueces a partir de esta resolución judicial?, se le preguntó al secretario general de la Gobernación. “Esa es la pregunta del millón”, contestó, y agregó: “se está suspendiendo el decreto pero está vigente la Constitución, que manda que esta selección se haga a través del CAM”.
Señaló que el problema que se puede presentar es que seguirán vacantes los cargos que están para cubrirse. ¿Se deberá volver a la anterior modalidad de designación de los magistrados?, se le consultó. “No porque la Carta Magna no está cuestionada y porque no hay un fallo que se expida sobre la validez de esta cláusula constitucional”, contestó. ¿Se está creando un vacío legal?, se le preguntó. “Se está creando un vacío”, expresó.
La intención del Ejecutivo era cubrir tres vacantes existentes en el Poder Judicial: el juez correccional de Concepción y dos defensorías oficiales (una penal y otra civil) en la capital.
Composición
En su artículo 3, el cuestionado decreto dispone que los representantes del PE en el CAM serán quienes ocupen el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Secretaría General de la Gobernación. La Legislatura tendrá un representante -elegido en una sesión por simple mayoría- al igual que el Poder Judicial -designado por la Corte y que el Colegio de Abogados de Tucumán.
Sassi Colombres indicó que el Gobierno no está de acuerdo con los fundamentos de la decisión judicial. “Entendemos que no se ajusta a derecho y que hay más de un elemento para plantear la revocatoria”, manifestó el funcionario, aunque no quiso profundizar en los cuestionamientos, ya que -señaló- el fallo estaba siendo analizado en el gabinete.
¿Cómo se hará la selección de los jueces a partir de esta resolución judicial?, se le preguntó al secretario general de la Gobernación. “Esa es la pregunta del millón”, contestó, y agregó: “se está suspendiendo el decreto pero está vigente la Constitución, que manda que esta selección se haga a través del CAM”.
Señaló que el problema que se puede presentar es que seguirán vacantes los cargos que están para cubrirse. ¿Se deberá volver a la anterior modalidad de designación de los magistrados?, se le consultó. “No porque la Carta Magna no está cuestionada y porque no hay un fallo que se expida sobre la validez de esta cláusula constitucional”, contestó. ¿Se está creando un vacío legal?, se le preguntó. “Se está creando un vacío”, expresó.
La intención del Ejecutivo era cubrir tres vacantes existentes en el Poder Judicial: el juez correccional de Concepción y dos defensorías oficiales (una penal y otra civil) en la capital.
Composición
En su artículo 3, el cuestionado decreto dispone que los representantes del PE en el CAM serán quienes ocupen el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Secretaría General de la Gobernación. La Legislatura tendrá un representante -elegido en una sesión por simple mayoría- al igual que el Poder Judicial -designado por la Corte y que el Colegio de Abogados de Tucumán.
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