La Justicia ordenó al Gobierno provincial que suspenda la aplicación del decreto a través del cual se integra el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), hasta tanto se resuelva un planteo judicial impulsado por el Colegio de Abogados de Tucumán. Se trata del primer pronunciamiento judicial en contra de una de las disposiciones emanadas por la Convención Constituyente.
La medida cautelar fue dictada ayer por el presidente de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Carlos Giovanniello. El magistrado suspendió preventivamente la ejecutoriedad del decreto 1.820 firmado por el gobernador José Alperovich y por el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, el 15 del corriente y por el que se conforma con supremacía del poder político en el organismo encargado de designar a los jueces. Ese fue el principal cuestionamiento ante la Justicia formulado por la entidad que nuclea a los abogados.
“Al encontrarse severamente cuestionadas las normas constitucionales relativas a la designación de magistrados, la puesta en funcionamiento por el Poder Ejecutivo serviría para agravar la situación institucional”, sostuvo Giovanniello. En los considerandos del fallo, el titular de la sala II mencionó el elevado contenido institucional del juicio. “Desde lo antiguo se entiende que durante la pendencia del litigio no cabe innovar. El viejo aforismo latino enseña que pendente lite nihil innovatur, que en clave procesal administrativa actual significa que debe evitarse el perjuicio que comporta la frustración del derecho en litigio”, remarcó.
Giovanniello advirtió que la aplicación del decreto obligaría al Colegio de Abogados a obrar en la esfera extrajudicial y en sentido contrario a la convicción expresada por la entidad en su demanda, al tener que realizar un sorteo público entre sus colegiados para elegir un representante por fuera del sistema de representación institucional previsto en la ley vigente.
“El Colegio de Abogados debería proceder a seleccionar y designar a su representante para integrar el CAM cuando él mismo aspira, con fundamentos suficientemente aptos en grado de verosimilitud, a la declaración de inconstitucionalidad del referido decreto del PE, precisamente en la forma de integración prevista”, señala la medida cautelar. Con la decisión del magistrado, se mantiene el anterior sistema de designación de jueces (candidatos propuestos por el PE a la Cámara) hasta tanto se resuelva el planteo de los abogados.
La medida cautelar fue dictada ayer por el presidente de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Carlos Giovanniello. El magistrado suspendió preventivamente la ejecutoriedad del decreto 1.820 firmado por el gobernador José Alperovich y por el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, el 15 del corriente y por el que se conforma con supremacía del poder político en el organismo encargado de designar a los jueces. Ese fue el principal cuestionamiento ante la Justicia formulado por la entidad que nuclea a los abogados.
“Al encontrarse severamente cuestionadas las normas constitucionales relativas a la designación de magistrados, la puesta en funcionamiento por el Poder Ejecutivo serviría para agravar la situación institucional”, sostuvo Giovanniello. En los considerandos del fallo, el titular de la sala II mencionó el elevado contenido institucional del juicio. “Desde lo antiguo se entiende que durante la pendencia del litigio no cabe innovar. El viejo aforismo latino enseña que pendente lite nihil innovatur, que en clave procesal administrativa actual significa que debe evitarse el perjuicio que comporta la frustración del derecho en litigio”, remarcó.
Giovanniello advirtió que la aplicación del decreto obligaría al Colegio de Abogados a obrar en la esfera extrajudicial y en sentido contrario a la convicción expresada por la entidad en su demanda, al tener que realizar un sorteo público entre sus colegiados para elegir un representante por fuera del sistema de representación institucional previsto en la ley vigente.
“El Colegio de Abogados debería proceder a seleccionar y designar a su representante para integrar el CAM cuando él mismo aspira, con fundamentos suficientemente aptos en grado de verosimilitud, a la declaración de inconstitucionalidad del referido decreto del PE, precisamente en la forma de integración prevista”, señala la medida cautelar. Con la decisión del magistrado, se mantiene el anterior sistema de designación de jueces (candidatos propuestos por el PE a la Cámara) hasta tanto se resuelva el planteo de los abogados.






