13 Junio 2006 Seguir en 
A partir de mañana, los 24 inspectores de la Dirección General de Rentas que se apostarán en distintos puestos camineros fronterizos tendrán la potestad de reclamar a los transportistas la documentación que respalde el ingreso y la salida de mercaderías de Tucumán. Se trata del debut oficial de una de las disposiciones incorporadas al reformado Código Tributario, con las cuales se pretende luchar contra la economía informal.
El inicio de los operativos fue anunciado ayer a LA GACETA por el ministro de Economía, Jorge Jiménez. "Ya están dadas las instrucciones para que los inspectores realicen su tarea con el apoyo de los efectivos policiales", dijo el funcionario.
Para evitar contratiempos, los transportistas deberán llevar en el vehículo facturas, remitos, guías o cartas de porte, tal como lo exigen las leyes fiscales vigentes.
Esos papeles deberán detallar el total de la mercadería o de los bienes que se trasladan, así como la procedencia, el destino y los datos del comprador, del vendedor, del consignatario o del intermediario.
El ministro de Economía puntualizó que si un transportista no presenta esa documentación, el inspector de Rentas puede dar intervención inmediata a la Justicia para que esta decida el destino de los productos demorados. De continuar con el incumplimiento, el juez interviniente puede decidir la subasta pública de la mercadería para que los fondos recaudados vayan a cubrir las necesidades del área social del Estado.
Sorpresivos
De acuerdo con la información oficial, los controles camineros serán sorpresivos. El propio titular de Economía anunció que también se harán fiscalizaciones en las rutas provinciales. Para esta primera etapa, Rentas afectará 24 de los 50 inspectores que participarán de los operativos "que se harán a cualquier hora, en distintos lugares y todos los días", dijo el ministro.
Jiménez señaló que, hasta fin de año, el Poder Ejecutivo invertirá $ 10 millones con el fin de instalar puestos camineros fijos de Rentas y dotarlos de equipamiento informático y de antenas satelitales. Paralelamente, se realizarán cruces de datos con los organismos tributarios de otras provincias y con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En el Ministerio de Economía estiman que el Estado puede llegar a recaudar unos $ 50 millones más al año a partir de la detección de la mercadería que ingresa en forma ilegal y que, por lo tanto, no tributa Ingresos Brutos.
El inicio de los operativos fue anunciado ayer a LA GACETA por el ministro de Economía, Jorge Jiménez. "Ya están dadas las instrucciones para que los inspectores realicen su tarea con el apoyo de los efectivos policiales", dijo el funcionario.
Para evitar contratiempos, los transportistas deberán llevar en el vehículo facturas, remitos, guías o cartas de porte, tal como lo exigen las leyes fiscales vigentes.
Esos papeles deberán detallar el total de la mercadería o de los bienes que se trasladan, así como la procedencia, el destino y los datos del comprador, del vendedor, del consignatario o del intermediario.
El ministro de Economía puntualizó que si un transportista no presenta esa documentación, el inspector de Rentas puede dar intervención inmediata a la Justicia para que esta decida el destino de los productos demorados. De continuar con el incumplimiento, el juez interviniente puede decidir la subasta pública de la mercadería para que los fondos recaudados vayan a cubrir las necesidades del área social del Estado.
Sorpresivos
De acuerdo con la información oficial, los controles camineros serán sorpresivos. El propio titular de Economía anunció que también se harán fiscalizaciones en las rutas provinciales. Para esta primera etapa, Rentas afectará 24 de los 50 inspectores que participarán de los operativos "que se harán a cualquier hora, en distintos lugares y todos los días", dijo el ministro.
Jiménez señaló que, hasta fin de año, el Poder Ejecutivo invertirá $ 10 millones con el fin de instalar puestos camineros fijos de Rentas y dotarlos de equipamiento informático y de antenas satelitales. Paralelamente, se realizarán cruces de datos con los organismos tributarios de otras provincias y con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En el Ministerio de Economía estiman que el Estado puede llegar a recaudar unos $ 50 millones más al año a partir de la detección de la mercadería que ingresa en forma ilegal y que, por lo tanto, no tributa Ingresos Brutos.







