Afirman que los convencionales recibieron órdenes

Siguen los planteos contra la Constitución provincial sancionada la semana pasada. Edmundo Romano y Julio César Barrera, con el patrocinio de los abogados Luis Iriarte y Carmen Fontán, requirieron a la Cámara en lo Contencioso Administrativo que declare nulo e inválido el nuevo texto. Asimismo, en forma cautelar, solicitaron que se ordene a los jueces, incluidos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que se abstengan de jurar y de convalidar la Carta Magna que reemplaza a la de 1990.  
Los accionantes argumentaron que el principal vicio es que los mismos convencionales que establecieron el nuevo texto son los que, previamente, como legisladores, habían sancionado la ley 7.469, que declaró la necesidad de la reforma. “De los 31 parlamentarios que votaron a favor de la 7.469, 14 fueron constituyentes. Este doble rol es inaceptable para nuestro poder constituyente y todo lo actuado deviene nulo de nulidad manifiesta e insalvable”, afirmaron.
Los demandantes recordaron una doctrina legal dispuesta por la Corte Suprema de Justicia local, según la cual: “la Constitución de la provincia y el Poder Legislativo agota su función con la sanción de la ley declarativa de la necesidad de la reforma, pero la enmienda es llevada a cabo por medio de un poder constituyente distinto de aquel”.
En el escrito, también aseveraron que los convencionales iban a la casa del gobernador José Alperovich a recibir órdenes. “Los constituyentes del oficialismo no tuvieron amplia libertad ni discernimiento para definir el contenido del nuevo texto; se sometieron a la voluntad del titular del PE”, dijeron.