Prorrogan nuevamente la suspensión de las ejecuciones hipotecarias

BUENOS AIRES.- Los diputados dieron hoy la aprobación definitiva después de su paso por el Senado, apremiados porque la prórroga anterior vence el 3 de junio.
El problema, que afecta a unos 14.000 deudores, es una derivación de la devaluación y la pesificación asimétrica dispuestas en las primeras semanas de 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde.
En el debate en la cámara baja, la oposición reclamó una ley de fondo que evite nuevas prórrogas. El kirchnerista Luis Cigogna, titular de la comisión de Justicia, contestó que las dificultades para llegar a un consenso en tres años y medio de suspensiones de remates "indica a las claras la complejidad de la situación".
Por la ley 25.798 de 2003 se dispuso la creación del Sistema de Refinanciación Hipotecaria, por la cual el Estado, a través del Banco Nación, concentró las deudas contraídas con las entidades no bancarias y, en forma opcional, también para los bancarios. La prórroga aprobada hoy sólo abarca a los deudores que adhirieron al fondo.
Sin embargo, como algunos jueces declararon inconstitucional la ley 25.798, los procesos de ejecución siguen adelante. La Corte Suprema, a su vez, aún debe dar una resolución judicial definitiva.
En el Congreso hasta ahora resultó imposible unificar posturas para aprobar mecanismos alternativos que permitan salir del encierro que plantea la situación de los deudores por un lado, que no quieren pagar más de lo que actualmente aportan al Sistema de Refinanciación Hipotecaria; y la de los acreedores por el otro, que quieren cobrar todo su crédito con un dólar a valor de mercado. Pablo Tonelli, integrante del bloque PRO -el único que votó en contra-, hizo una cruda recorrida de las variantes legales que se intentaron desde 2002: "se aprobaron ocho leyes, 10 decretos y 25 resoluciones; se craron dos unidades administrativas, un registro y un sistema de refinanciación hipotecaria". Igualmente fue imposible alcanzar una solución definitiva.
Tanto desde la UCR como desde PRO se propuso que el Estado se haga cargo de la diferencia entre lo que pagan los deudores y lo que pretenden los acreedores, cifra que según estimaciones insumiría unos 300 millones de pesos.
Sin embargo, en todos los casos el Gobierno hizo saber a los legisladores que no estaba dispuesto a ofrecer esa diferencia, ni a explorar alternativas de negociación hasta en tanto no se expida la Corte Suprema sobre la cuestión de fondo. (DYN)