Rango constitucional para el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo

El Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo fueron incorporados a la Constitución. Los dos institutos, que ya funcionan en la provincia, formarán parte de un nuevo capítulo del texto, en el que se regularán los órganos de control del Estado.
El dictamen de la comisión que presidió el legislador Fernando Juri Debo se votó en disidencia. El Frente para Victoria apoyó el despacho de la mayoría, pero los cuatro convencionales de Participación Cívica levantaron las manos por su propio proyecto. Roberto Martínez Zavalía explicó la disidencia respecto del sistema previsto para la selección de los miembros de ambos organismos. Según el intendente de Yerba Buena, la cobertura de esos cargos debe ser por concurso público de oposición y antecedentes, ya que considera que es la única forma de asegurar la independencia y la profesionalidad técnica de los funcionarios.
"Creemos que las diferencias no son menores. El concurso asegura la idoneidad, y el Tribunal de Cuentas debe ser un garante del correcto uso de los recursos del Estado", dijo.
Juri Debo, por su parte, hizo un meticuloso resumen del proyecto oficial. Valoró la decisión política de incorporar los organismos de control a la Constitución y comparó este punto con lo resuelto en 1990. "El bussismo excluyó expresamente este punto porque no quería controles para su administración. La presencia del Tribunal de Cuentas y del ombudsman en la reforma es una muestra irrefutable de que buscamos la transparencia del Estado", planteó.
Carolina Vargas Aignasse, a su vez, sostuvo que esta enmienda fortalece la división de los poderes y Roque Cativa afirmó que dará tranquilidad a quienes administran los recursos del Estado. Rolando Alfaro admitió que varios oficialistas pretendían llevar a cinco la cantidad de vocales del Tribunal de Cuentas, pero dijo que se descartó tras cotejar opiniones con los actuales vocales del organismo.
Los constituyentes también otorgaron rango constitucional a las organizaciones de usuarios y consumidores. El artículo, que será incorporado como 36 bis, prevé que sea el Estado el que ayude a estas entidades a organizarse, a funcionar y a integrarse a los organismos de control. Participación Cívica solicitó que se les reconozca a las ONG la legitimidad de para impulsar acciones de amparo colectivos, pero el planteo no fue aceptado por el oficialismo.


OPINION

"Con la incorporación de la Defensoría del Pueblo a la Carta Magna se saldó una grave omisión de 1990. Significa un sensible progreso para defender, proteger y promover los derechos humanos de nuestros habitantes y jerarquiza la calidad institucional de su sistema político".
Jorge García Mena
Defensor del Pueblo