Los legisladores serán 49, tendrán mayor inmunidad y podrán dictar su presupuesto

A partir de 2007, los tucumanos elegirán 49 legisladores. Ayer, la mayoría de los convencionales votó por elevar el número de representantes (actualmente son 40) y por concederles una mayor inmunidad ante actuaciones judiciales.
Con 35 voluntades a favor y cuatro negativas, el oficialismo y los representantes de Participación Cívica dieron forma al nuevo Poder Legislativo. La Cámara podrá dictar su propio presupuesto, que no podrá ser vetado por el gobernador. Asimismo, fue ampliada la inmunidad de opinión de los parlamentarios a los dichos fuera del recinto. El vicegobernador, además, podrá presentar proyectos de ley, facultad que hoy tiene vedada.
Los legisladores también gozarán del beneficio de la reelección por un período (el actual no se cuenta), e inclusive podrán solicitar licencia en el cargo si aceptan ocupar un espacio en otro poder del Estado. La banca, en ese caso, será cubierta en forma transitoria. Hasta ahora, esa opción estaba vedada por la Constitución de 1990: el parlamentario que aceptara un empleo en otro poder debía presentar su renuncia.
El dictamen sancionado también eleva el requisito de residencia para quienes aspiran a ocupar una banca en el Parlamento. Al momento de la elección, deberán acreditar dos años de residencia el el distrito por el que se presentan. “Pese a la exigencia de domicilio, aparecieron porteños y santafesinos que tenían tres meses en la provincia. Hoy, esa disposición de Bussi queda perimida”, justificó el titular de la Comisión de Poder Legislativo, Alejandro Martínez.
El democristiano José Páez, en tanto, afirmó que si bien la estructura del Poder Legislativo presentará avances, aún dista mucho de ser la ideal. “Nos parece muy bien la exigencia de pedir informes a los funcionarios del PE. Pero, ¿por qué tenemos miedo de llamarlo por su nombre: Interpelación? Respecto de la figura del vicegobernador, no es posible estar en los dos poderes. Menos, en el poder que controla y en el que es controlado”, expresó.
Los requisitos para la concreción de un juicio político también se hicieron más exigentes. La comisión estará integrada por 12 miembros, pero para aprobar la acusación contra el gobernador o contra el vicegobernador se necesitará el apoyo del 75% de la comisión. Para su destitución, se necesitarán 3⁄4 de los votos de los 37 legisladores que conformen el Tribunal de Enjuiciamiento.



“Ningún funcionario podrá ser obligado a tomar licencia previa al comicio (sic), y por el hecho de ser candidato”. Así lo establece el nuevo régimen electoral aprobado por la Convención, con lo que los futuros miembros del Poder Ejecutivo y los intendentes podrán seguir cumpliendo sus funciones, pese a ser postulados a algún cargo público, lo que hoy no ocurre.
Por el nuevo sistema, que quedará incorporado a la Carta Magna, se determina el mecanismo electoral denominado “acople” -palabra que no figura en el texto, pero que fue usada desde el Gobierno para definir el modelo-, por el que algunos partidos políticos pueden acoplarse a las candidaturas de otras organizaciones políticas, en el caso del gobernador y vicegobernador y de intendentes. Es decir, la adhesión a una nómina extraña puede ser a nivel provincial y municipal.
El debate áspero no estuvo ausente en este tema. “De qué participación política hablan; su ala comisión de Régimen Electoral la constituyeron sin la participación de la oposición”, señaló Juan Roberto Robles (UCR).
La reacción desde el oficialismo no tardó. Antonio Raed (PJ) expresó: “hay en la oposición una ponderación de la realidad que no se ajusta al sentido común. El acople viene a beneficiar a los partidos de menor estructura”.
Un aliado del alperovichismo, Carlos Courel (Participación Cívica), se sumó a la polémica. “Reconozcamos lo que la gente reconoce, ¿hubo bolsones en el Boisdrón, en la escuela Rivadavia, en la Normal o en barrio norte? Debemos aceptar nuestros errores y dejar de ser hipócritas”, señaló.
Además, se aprobó que se aplique en forma progresiva el voto electrónico, según la disponibilidad económica, y que el PE, en 120 días, dicte las leyes sobre partidos políticos y régimen electoral.