Reclamarán un perdón fiscal

Tras la crisis económica de fines de 2001, las provincias encontraron en el Gobierno nacional el único camino para acceder al financiamiento. En el último lustro, las jurisdicciones del interior pasaron de tener deudas exigibles en el corto plazo a una reestructuración en la que la Nación se constituyó en el principal acreedor.
Hoy, muchos gobernadores plantean, en voz baja, que tienen problemas para cerrar sus ejercicios con superávit fiscal, ya sea por los compromisos asumidos mediante la toma de préstamos, como por los paulatinos aumentos salariales otorgados a los estatales. En otras palabras, hay provincias que están al borde de incumplir las metas de control del gasto y de la deuda pública establecidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Ante ese escenario, hay distritos con serios problemas financieros, como Buenos Aires y Río Negro, que salieron a plantear la necesidad de que el Ministerio de Economía de la Nación refinancie a 20 años las deudas provinciales (unos $ 45.000 millones en conjunto), algo que fue rechazado de plano por los colaboradores de la ministra Felisa Miceli.
Sin embargo, hay provincias -Tucumán- que negocian con los funcionarios nacionales la posibilidad de acceder a un perdón fiscal (waiver) que no podría exceder de los 10 años, según pudo establecer LA GACETA. La preocupación de los técnicos del Ministerio de Economía de Tucumán es que la mayor parte de las deudas contraídas con la Nación vencen en los próximos cuatro años. Sólo en los primeros tres meses de este año, el Gobierno tuvo que destinar unos    $ 120 millones para amortizar y pagar los intereses del endeudamiento público, que superaría los   $ 3.400 millones.
Tucumán le debe a la Nación casi  $ 2.900 millones por los préstamos que tomó, tanto para retirar de circulación los Bocade, por los planes de Financiamiento Ordenado (PFO), desde 2002 hasta la fecha, y mediante el uso de los fondos fiduciarios para ejecutar obras de infraestructura.
Estos programas de financiamiento federal son considerados el único instrumento de acceso al crédito con los que cuentan las provincias, desde que se declaró la cesación de pagos de la deuda nacional, en 2002. No obstante, muchos gobernadores plantearon su inquietud respecto de tener al Gobierno nacional casi como el único acreedor privilegiado, ya que esa situación los pone como rehenes políticos del poder central.