Las críticas a la Convención sumaron un nuevo actor. La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) se pronunció en contra de los proyectos oficialistas relacionados con el Poder Judicial y es posible que se sume a la acción de amparo que interpondrá el Colegio de Abogados ante la Corte Suprema de Justicia.
El presidente de Feput, Carlos Parajón Canteli, dijo que las propuestas oficialistas para conformar el Consejo de la Magistratura (CM) y el Jury de Enjuiciamiento (organismos encargados de la selección y remoción de jueces, que estarían controlados por políticos) son "una manera de tomar por asalto al Poder Judicial, que quedará dócilmente sometida al poder de turno". Además, resaltó que la sanción de las iniciativas del PJ implicará la ruptura del equilibrio de la división de poderes y será un atentado contra el sistema republicano de Gobierno, en un nuevo y evidente intento del poder político por extender su influencia hacia el ámbito de la Justicia.
Desde el Colegio de Abogados se deslizó que la única posibilidad que tienen los convencionales de evitar la judicialización del proceso reformista es generar un ámbito amplio de conversación y acuerdo, dejando de lado las iniciativas más polémicas vinculadas a la Justicia. Si esto no ocurre, la entidad avanzará con los medios de acción directa a mano: planteos judiciales, actos públicos y la nacionalización del tema en los medios de comunicación porteños y denuncias de que se está comprometiendo o quebrando la independencia del Poder Judicial.
En tanto, el titular del Colegio de Abogados del Sur, Eduardo Fernández, advirtió que la moción de los convencionales del peronismo de que los dictámenes del Consejo de la Magistratura no sean vinculantes "hace al futuro sistema totalmente ineficiente, porque va a seguir primando la voluntad de quien sea el gobernador de turno".
Causas penales
Luis Iriarte, en función de la reunión que mantuvieron constituyentes con el gobernador José Alperovich, en el domicilio de este, pidió la intervención del juez de instrucción de turno. El ex convencional reclama que instruya causas penales contra los convencionales por haber falseado el mandado popular, otorgado para que actúen con independencia de criterios.
El presidente de Feput, Carlos Parajón Canteli, dijo que las propuestas oficialistas para conformar el Consejo de la Magistratura (CM) y el Jury de Enjuiciamiento (organismos encargados de la selección y remoción de jueces, que estarían controlados por políticos) son "una manera de tomar por asalto al Poder Judicial, que quedará dócilmente sometida al poder de turno". Además, resaltó que la sanción de las iniciativas del PJ implicará la ruptura del equilibrio de la división de poderes y será un atentado contra el sistema republicano de Gobierno, en un nuevo y evidente intento del poder político por extender su influencia hacia el ámbito de la Justicia.
Desde el Colegio de Abogados se deslizó que la única posibilidad que tienen los convencionales de evitar la judicialización del proceso reformista es generar un ámbito amplio de conversación y acuerdo, dejando de lado las iniciativas más polémicas vinculadas a la Justicia. Si esto no ocurre, la entidad avanzará con los medios de acción directa a mano: planteos judiciales, actos públicos y la nacionalización del tema en los medios de comunicación porteños y denuncias de que se está comprometiendo o quebrando la independencia del Poder Judicial.
En tanto, el titular del Colegio de Abogados del Sur, Eduardo Fernández, advirtió que la moción de los convencionales del peronismo de que los dictámenes del Consejo de la Magistratura no sean vinculantes "hace al futuro sistema totalmente ineficiente, porque va a seguir primando la voluntad de quien sea el gobernador de turno".
Causas penales
Luis Iriarte, en función de la reunión que mantuvieron constituyentes con el gobernador José Alperovich, en el domicilio de este, pidió la intervención del juez de instrucción de turno. El ex convencional reclama que instruya causas penales contra los convencionales por haber falseado el mandado popular, otorgado para que actúen con independencia de criterios.









