Pese a que el gobernador José Alperovich y el vicegobernador Fernando Juri pactaron una tregua en la Convención Constituyente, la silenciosa puja entre los sectores que responden a ambos funcionarios sigue en la redacción de los dictámenes.
La comisión de Poder Judicial dio vía libre, el lunes, a la conformación de un Jury de Enjuiciamiento, institución que tendrá como misión evaluar la labor de los jueces, defensores y fiscales de la Justicia provincial. El despacho tiene marcadas diferencias con la resolución que había tomado, sobre el mismo tema, la comisión de Juicio Político.
La comisión que preside al alperovichista José Orellana habilitó, la semana pasada, la creación de un tribunal encargado de analizar los pedidos de remoción en contra de los jueces y funcionarios no sometidos a Juicio Político. El organismo, según el despacho firmado por seis peronistas y por María Cecilia Serra, de Participación Cívica, estaría compuesto por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, por tres miembros del PE y por cinco legisladores. LA GACETA publicó esta información el jueves pasado, y la reacción del Colegio de Abogados fue inmediata.
Los profesionales advirtieron que la preeminencia del poder político en un tribunal de estas características podría tornar inconstitucional la reforma. El presidente de la Corte Suprema, Alfredo Carlos Dato, se mostró más cauto, pero estimó que la provincia debería seguir el equilibrio que rige en la Nación desde la enmienda de 1994.
La comisión de Poder Judicial, que preside el jurista Oscar Godoy, se montó en estas advertencias para avanzar en contra del proyecto impulsado por la Casa de Gobierno. En el dictamen emitido esta semana se mantiene el Jury de Enjuiciamiento, pero se agrega a su composición un representante de los abogados. Se fija, además, que dos de los legisladores deben representar a la minorías, con lo que se asegura la posibilidad de acuerdos y una eventual paridad entre los sectores en pugna. Las diferencias de criterio entre los dos dictámenes podría ser dirimida en el recinto.
La comisión de Poder Judicial dio vía libre, el lunes, a la conformación de un Jury de Enjuiciamiento, institución que tendrá como misión evaluar la labor de los jueces, defensores y fiscales de la Justicia provincial. El despacho tiene marcadas diferencias con la resolución que había tomado, sobre el mismo tema, la comisión de Juicio Político.
La comisión que preside al alperovichista José Orellana habilitó, la semana pasada, la creación de un tribunal encargado de analizar los pedidos de remoción en contra de los jueces y funcionarios no sometidos a Juicio Político. El organismo, según el despacho firmado por seis peronistas y por María Cecilia Serra, de Participación Cívica, estaría compuesto por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, por tres miembros del PE y por cinco legisladores. LA GACETA publicó esta información el jueves pasado, y la reacción del Colegio de Abogados fue inmediata.
Los profesionales advirtieron que la preeminencia del poder político en un tribunal de estas características podría tornar inconstitucional la reforma. El presidente de la Corte Suprema, Alfredo Carlos Dato, se mostró más cauto, pero estimó que la provincia debería seguir el equilibrio que rige en la Nación desde la enmienda de 1994.
La comisión de Poder Judicial, que preside el jurista Oscar Godoy, se montó en estas advertencias para avanzar en contra del proyecto impulsado por la Casa de Gobierno. En el dictamen emitido esta semana se mantiene el Jury de Enjuiciamiento, pero se agrega a su composición un representante de los abogados. Se fija, además, que dos de los legisladores deben representar a la minorías, con lo que se asegura la posibilidad de acuerdos y una eventual paridad entre los sectores en pugna. Las diferencias de criterio entre los dos dictámenes podría ser dirimida en el recinto.









