Planteo judicial para suspender las sesiones

La decisión de la Convención Constituyente de mantener en secreto la nómina completa de proyectos de enmienda, así como la mecánica de trabajo de algunas comisiones permanentes, serán objetadas judicialmente hoy por el diputado Esteban Jerez.
El parlamentario nacional interpondrá a primera hora, ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el reglamento interno de la asamblea reformadora. Simultáneamente, solicitará al superior tribunal que dicte una medida cautelar que ordene la suspensión de las sesiones, hasta tanto resuelva la cuestión de fondo.

Participación y publicidad
El ex fiscal anticorrupción considera que el artículo 40 del reglamento de la Convención viola el artículo 33 de la Constitución Nacional. Esa norma establece que los derechos y las garantías de las personas no se agotan en los que enumera la Carta Magna, sino que hay otros, implícitos, "que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno". Entre ellos, entiende Jerez, están el derecho al libre acceso a la información producida por el Estado y, a partir del conocimiento de los actos de los poderes y de "extrapoderes" -como la Constituyente-, el control a los gobernantes.
El punto cuestionado establece: "cualquier convencional puede asistir a las deliberaciones de las comisiones, con voz pero sin voto. En caso de que el presidente de comisión autorice la presencia de asesores de convencionales, debidamente acreditados, estos lo harán sin voz y sin voto".
"Está prohibida la participación, en calidad de oyentes, de la población en general, de medios de comunicación y de organismos intermedios -cuestionó Jerez-. Esta grave situación fue plasmada por los medios, que destacaron la forma de las deliberaciones llevadas a cabo por la comisión de Régimen Electoral, en la que por disposición de su presidente (es el intendente capitalino, Domingo Amaya), se prohíbe el ingreso hasta de mismos convencionales constituyentes, elegidos por voluntad popular, pero que no forman parte de dicha comisión".
El diputado sostiene que estas prácticas, permitidas por el reglamento, configuran una violación del sistema republicano de Gobierno, consagrado en la Constitución nacional y en la provincial. Por ello, la medida cautelar que promueve solicita, también, que se permita a los ciudadanos en general, y a los medios de difusión en particular, participar de las reuniones de las comisiones. Precisamente, uno de los oficios que se pide que sean librados apunta a que el presidente de la Convención, el ministro de Salud, Juan Manzur, informe en detalle cuáles son las propuestas ("asuntos entrados") de reforma constitucional.

Un poder derivado
Según el congresista, que algunas comisiones deliberen en secreto desnaturaliza la modificación de la Ley Fundamental, porque se concretará sin debate y ocultando lo tratado en las comisiones a las organizaciones intermedias y a los ciudadanos. "Con ello, demostrarían el total desprecio por los derechos civiles y vendrían a desnudar lo que la comunidad sospecha: la falta de idoneidad de los integrantes de la Constituyente", condenó.
Justamente, el ex titular de Recrear requiere que se pida al titular de la Constituyente y al Poder Ejecutivo el detalle los constitucionalistas contratados para asesorar la reforma.
Jerez plantea, además, que el poder constituyente de la actual Convención es derivado de la ley que habilitó la reforma. "De modo que mal puede atribuirse un poder omnímodo e ilimitado. Por tanto, jamás puede avanzar más allá de los límites de esta ley, y mucho menos en menoscabo de los derechos individuales de los ciudadanos. Lo contrario es incurrir en flagrante violación de reconocidos preceptos constitucionales", puntualizó.
"La configuración del estado de derecho, en la que se asienta el sistema republicano de gobierno, se basa en la observación de requisitos y garantías de resguardo ineludible. En contrapartida, el secreto en las deliberaciones rompe la representatividad entre los representados y los elegidos para reformar la Carta Magna", concluyó.

Los abogados Luis Iriarte y Carmen Fontán pidieron al Colegio de Abogados que convoque a un abrazo simbólico del edificio de tribunales para rechazar los lineamientos del oficialismo en la Asamblea Constituyente.
Los letrados cuestionaron el intento del oficialismo de modificar la integración de la Junta Electoral y de conformar el jurado de enjuiciamiento con ocho miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. "Existe extrema gravedad institucional en estos hechos jurídico-políticos. El Colegio no puede permanecer en silencio y simplemente anunciar que se interpondrán acciones judiciales", dijeron en un escrito.
En el escrito también criticaron la idea de interponer como requisito para solicitar juicio político el aval de un legislador.