Nuevas reglas para la remoción de funcionarios

“Los miembros del Tribunal de Cuentas, el defensor del pueblo y los miembros del Poder Judicial no sometidos a juicio político podrán ser removidos por un Jurado de Enjuiciamiento. El Jurado de Enjuiciamiento estará compuesto por una Comisión Acusadora y un Tribunal de Enjuiciamiento. La Comisión Acusadora intervendrá solamente ante solicitudes de remoción y estará integrada por dos miembros del Poder Ejecutivo y tres de la Legislatura. El Tribunal de Enjuiciamiento juzgará los pedidos de remoción que le sean efectivamente elevados por la Comisión Acusadora y estará integrado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, tres miembros del PE y por cinco legisladores”.
Los párrafos precedentes están incluidos en el dictamen de mayoría de la comisión de Juicio Político de la Convención Constituyente y podrían ser incorporados a la Constitución en la próxima sesión plenaria de la Asamblea.

Controladores, controlados
El grupo de trabajo que preside el peronista José Orellana, definió además que los funcionarios podrán ser sometidos al Jurado de Enjuiciamiento y removidos en sus cargos por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, por la comisión de delitos comunes y por la falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.
En todos los casos, sostiene el despacho firmado por seis oficialistas (Orellana, Alberto Olea, Domingo Amaya, Gloria Díaz, Antonio Raed y Alejandro Martínez), la destitución podrá ser resuelta por el Jury con una mayoría simple de votos. Otra cuestión polémica establece que las decisiones que adopten la Comisión Acusadora y el Tribunal de Enjuiciamiento será irrecurrible y estarán sujetas a la revisión del Poder Judicial.
La propuesta que podría transformar en letra constitucional implica una modificación trascendente al régimen jurídico que hoy está vigente. De prosperar, los integrantes de los órganos de control que serán incorporados a la Constitución quedarán expuestos al juzgamiento de un cuerpo integrado por una mayoría absoluta del poder político que estos deberían controlar. El dictamen habilita, además, para que cualquier ciudadano pueda realizar denuncias ante la Comisión.
Los convencionales dejaron librada a una ley reglamentaria la regulación del proceso, pero dejaron garantizado el derecho de defensa del acusado.