Quieren alterar la forma de aceptación de los DNU

El presidente del bloque de reformadores del oficialismo, Rodolfo Ocaranza, aseguró que la Convención Constituyente se abocará a la regulación del régimen de los decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
El referente peronista se pronunció en favor de volver al sistema vigente hasta fines de 2003, con la imposición de una aprobación expresa de parte de la Legislatura para la plena vigencia de esas normas. Este sistema es el que rige a nivel nacional, en contradicción con el actual mecanismo provincial, que otorga al silencio parlamentario el sentido de la ratificación ficta del decreto.
"Presenté un proyecto en esta materia acorde con lo dispuesto por la Constitución nacional, que es distinto de lo que ocurre en Tucumán. Hay voluntad de que se trate este asunto, y soy partidario de invertir los términos de interpretación acerca de la interpretación del sentido del silencio parlamentario, pero aún no hay definición tomada", aclaró Ocaranza.

Análisis de los efectos
"Los DNU comienzan a aplicarse desde la fecha de la notificación a la Cámara, que tiene 20 días hábiles para definir su posición. Esperamos que se analice si los efectos del DNU son los queridos y adecuados, o si debe tener alguna modificación", sostuvo.
El legislador reconoció que no se puede diferenciar en la ley en beneficio de algunas cuestiones particulares o tratar en forma especial la estabilidad laboral de los empleados de los comercios que deben acortar su horario.
En tanto, el democristiano José Manuel Páez (ASI) reclamó la limitación al uso de los DNU por parte del PE, y planteó que puedan ser dictados exclusivamente en caso de receso de la Legislatura.
"El DNU es un trastocamiento de los roles institucionales, y ese extremo sólo correspondería cuando la Legislatura no se puede reunir. Debería ser contemplado como una vía excepcional, cuando no funcione el parlamento y no se pueda seguir el tratamiento natural de los proyectos de ley", propuso, al tiempo que se pronunció por retornar al régimen anterior, en el cual el silencio hacía que la norma carezca de toda validez.
Páez exigió que la Convención avance en el diseño de estructuras institucionales, con transparencia y división de poderes.