Por Redacción Política
10 Mayo 2006
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El enfrentamiento entre oficialistas y opositores sobre la situación provincial en su conjunto (y no sobre los temas propios de la Convención Constituyente) volvió a tensar las relaciones entre las bancadas del cuerpo encargado de modificar la Carta Magna.
Durante más de dos horas y media, el debate giró alrededor de las repercusiones políticas y sociales del crimen de Paulina Lebbos y de la representatividad de las decisiones que adopten los convencionales, al punto que el Partido Obrero intentó, sin éxito, que se autodisuelva la propia Convención Reformadora.
El tema Lebbos fue presentado por el radical Juan Roberto Robles, al rendir su homenaje “a todos los tucumanos que luchan por la Justicia y a los hijos que fueron víctimas de la corrupción imperante en ella”. El dirigente de la UCR luego aseguró que este crimen demostró la tremenda inoperancia y falta de idoneidad para descubrir a los asesinos.
“No nos queda otra conclusión de que el gobernador José Alperovich encubre a alguien en el poder y que tiene vinculación con el poder”, dijo, en medio de gritos del bloque oficialista.
Pero la piedra del escándalo fue lanzada cuando Martín Correa (PO) se quejó de que se haya archivado su proyecto de crear una comisión especial para el seguimiento del caso Lebbos y el apoyo a la familia de la víctima. “La investigación no va para ningún lado, pero mostró los problemas entre Fernando Juri y Alperovich y confirmó la red de encubrimiento. También cuestionó a la bancada oficialista, a la que denominó “alperojurista”.
Daniel Blanco (PO) agregó: “esta Convención es una amenaza a la democracia, que prepara una suerte de golpe de Estado preventivo, como lo demuestra la pelea entre Alperovich y Juri por las normas vinculadas con la acefalía y la desconfianza que se tienen entre ellos”, dijo. Además, objetó el proyecto de sistema de acople (“es peor que resucitar la Ley de Lemas, porque estará en la Constitución”, dijo).
El peronismo, casi en pleno, salió a refutarlo. “El PJ es amplia mayoría, y trata de ser lo más democrático posible dentro de los reglamentos”, planteó Alejandro Martínez. Antonio Raed se sintió personalmente atacado, y aseguró que los dichos de Blanco hubiesen merecido una cuestión de privilegio que no iba a presentar para no desviar el debate. “Son discursos de barricada”, alertó.
Daniel Heredia reclamó al PO y a Robles que dejen de lado los agravios, y que debatan y sancionen normas, y aseguró: “desde el Gobierno se puso todo lo necesario para esclarecer el homicidio, que no se alcanzó ese objetivo por cuestiones ajenas”. Daniel Toledo consideró: “los opositores dibujan una provincia irreal, que está en desorden”. “No me siento parte de una camarilla”, dijo Silvia Rojkés de Temkin.
Carolina Vargas Aignasse aseveró: “los obreros son peronistas y no del PO, porque el PJ es un gran movimiento surgido de los trabajadores, mientras que el PO es vanguardista y verticalista; hay que estar con la gente, no ilustrar a las masas a la distancia”.
“Ellos fueron votados por una porción mínima del pueblo por sus propuestas, no por sus denuncias”, señaló Armando Cortalezzi. En tanto, Domingo Amaya dijo que hay un sector que no quiere que la provincia crezca y que pone palos en la rueda.
Blanco tuvo su oportunidad de responder a los cuestionamientos. Remarcó: “el oficialismo no respondió a ninguno de los planteos esenciales que se hicieron; en vez de sentirse agraviado, debería sentirse avergonzado”. “Hay quienes están en contra de que se clarifique el caso Lebbos, porque no sólo se conocería al asesino sino al engranaje mafioso enraizado en la provincia”, señaló.
El oficialista piquetero Héctor Romano cerró el debate, al aseverar que el trabajo en las comisiones fue abierto y participativo, y que ningún miembro del PO cuestionó los dictámenes. “Los primeros farsantes son ellos, con miopía y mala intención”, subrayó.
Luego, el bloque del PO se retiró del recinto y no participó del debate para la nueva Constitución. En su ausencia, Olijela Rivas propuso y logró que se borren los dichos de Correa y de Blanco de la versión taquigráfica, por considerarlos injuriosos.
SALUDO INICIAL.- Juan Manzur abrió la primera sesión plenaria resolutiva sobre la nueva Constitución provincial de un modo poco habitual: saludó a los presentes con un “buenos días a todos”.
LOMAS DE TAFI.- .- “Si hay que demorar una inversión para que se garantice la transparencia, con licitaciones y no cotejo de precios con los amigos del Gobierno, hay que hacerlo”, reclamó José Páez. El peronista Alejandro Martínez lo refutó: “todos tenemos que hacer política, pero Esteban Jerez se tira en contra a toda una provincia”, agregó.
LIBERTAD DE PRENSA.- El radical Juan Roberto Robles se refirió a la denuncia de Enrique R. García Hamilton acerca de la imposibilidad de sacar al aire a su programa “Periodismo de Verdad” por presiones del Gobierno. “Tuvo el gesto magnánimo de prohibirle su programa de televisión; la libertad de prensa está asegurada”, ironizó. También volvió a cuestionar al PE en lo referido a la supresión del Estado docente y a la política oficial contra los gremios Sadop y UDT, a quienes “les cortó los códigos de descuentos”.
Durante más de dos horas y media, el debate giró alrededor de las repercusiones políticas y sociales del crimen de Paulina Lebbos y de la representatividad de las decisiones que adopten los convencionales, al punto que el Partido Obrero intentó, sin éxito, que se autodisuelva la propia Convención Reformadora.
El tema Lebbos fue presentado por el radical Juan Roberto Robles, al rendir su homenaje “a todos los tucumanos que luchan por la Justicia y a los hijos que fueron víctimas de la corrupción imperante en ella”. El dirigente de la UCR luego aseguró que este crimen demostró la tremenda inoperancia y falta de idoneidad para descubrir a los asesinos.
“No nos queda otra conclusión de que el gobernador José Alperovich encubre a alguien en el poder y que tiene vinculación con el poder”, dijo, en medio de gritos del bloque oficialista.
Pero la piedra del escándalo fue lanzada cuando Martín Correa (PO) se quejó de que se haya archivado su proyecto de crear una comisión especial para el seguimiento del caso Lebbos y el apoyo a la familia de la víctima. “La investigación no va para ningún lado, pero mostró los problemas entre Fernando Juri y Alperovich y confirmó la red de encubrimiento. También cuestionó a la bancada oficialista, a la que denominó “alperojurista”.
Daniel Blanco (PO) agregó: “esta Convención es una amenaza a la democracia, que prepara una suerte de golpe de Estado preventivo, como lo demuestra la pelea entre Alperovich y Juri por las normas vinculadas con la acefalía y la desconfianza que se tienen entre ellos”, dijo. Además, objetó el proyecto de sistema de acople (“es peor que resucitar la Ley de Lemas, porque estará en la Constitución”, dijo).
El peronismo, casi en pleno, salió a refutarlo. “El PJ es amplia mayoría, y trata de ser lo más democrático posible dentro de los reglamentos”, planteó Alejandro Martínez. Antonio Raed se sintió personalmente atacado, y aseguró que los dichos de Blanco hubiesen merecido una cuestión de privilegio que no iba a presentar para no desviar el debate. “Son discursos de barricada”, alertó.
Daniel Heredia reclamó al PO y a Robles que dejen de lado los agravios, y que debatan y sancionen normas, y aseguró: “desde el Gobierno se puso todo lo necesario para esclarecer el homicidio, que no se alcanzó ese objetivo por cuestiones ajenas”. Daniel Toledo consideró: “los opositores dibujan una provincia irreal, que está en desorden”. “No me siento parte de una camarilla”, dijo Silvia Rojkés de Temkin.
Carolina Vargas Aignasse aseveró: “los obreros son peronistas y no del PO, porque el PJ es un gran movimiento surgido de los trabajadores, mientras que el PO es vanguardista y verticalista; hay que estar con la gente, no ilustrar a las masas a la distancia”.
“Ellos fueron votados por una porción mínima del pueblo por sus propuestas, no por sus denuncias”, señaló Armando Cortalezzi. En tanto, Domingo Amaya dijo que hay un sector que no quiere que la provincia crezca y que pone palos en la rueda.
Blanco tuvo su oportunidad de responder a los cuestionamientos. Remarcó: “el oficialismo no respondió a ninguno de los planteos esenciales que se hicieron; en vez de sentirse agraviado, debería sentirse avergonzado”. “Hay quienes están en contra de que se clarifique el caso Lebbos, porque no sólo se conocería al asesino sino al engranaje mafioso enraizado en la provincia”, señaló.
El oficialista piquetero Héctor Romano cerró el debate, al aseverar que el trabajo en las comisiones fue abierto y participativo, y que ningún miembro del PO cuestionó los dictámenes. “Los primeros farsantes son ellos, con miopía y mala intención”, subrayó.
Luego, el bloque del PO se retiró del recinto y no participó del debate para la nueva Constitución. En su ausencia, Olijela Rivas propuso y logró que se borren los dichos de Correa y de Blanco de la versión taquigráfica, por considerarlos injuriosos.
DICHOS Y HECHOS
SALUDO INICIAL.- Juan Manzur abrió la primera sesión plenaria resolutiva sobre la nueva Constitución provincial de un modo poco habitual: saludó a los presentes con un “buenos días a todos”.
LOMAS DE TAFI.- .- “Si hay que demorar una inversión para que se garantice la transparencia, con licitaciones y no cotejo de precios con los amigos del Gobierno, hay que hacerlo”, reclamó José Páez. El peronista Alejandro Martínez lo refutó: “todos tenemos que hacer política, pero Esteban Jerez se tira en contra a toda una provincia”, agregó.
LIBERTAD DE PRENSA.- El radical Juan Roberto Robles se refirió a la denuncia de Enrique R. García Hamilton acerca de la imposibilidad de sacar al aire a su programa “Periodismo de Verdad” por presiones del Gobierno. “Tuvo el gesto magnánimo de prohibirle su programa de televisión; la libertad de prensa está asegurada”, ironizó. También volvió a cuestionar al PE en lo referido a la supresión del Estado docente y a la política oficial contra los gremios Sadop y UDT, a quienes “les cortó los códigos de descuentos”.
La Convención aprobó ayer las primeras enmiendas al texto vigente desde 1990.
Las modificaciones abarcan siete artículos del capítulo dogmático de la Carta Magna
Las modificaciones abarcan siete artículos del capítulo dogmático de la Carta Magna
“El pueblo tucumano se identifica con los inviolables e inalienables derechos del hombre, como fundamento de la convivencia política, de la paz, de la solidaridad, de la justicia social y del bien común. Toda autoridad pública tiene la obligación de respetar, hacer respetar y proteger la dignidad de la persona, y está sujeta a la Constitución y al orden jurídico. El Estado garantizará la educación pública gratuita con 13 años de escolaridad obligatoria”
Modificación del artículo 5
“Los habitantes de la Provincia, como habitantes de la Nación Argentina, y al amparo de la Constitución Nacional tienen todos los derechos que aquella establece, sin negación ni mengua de otros derechos enumerados o virtualmente retenidos por el pueblo.
El Estado provincial deberá promover medidas de acción positiva y remover obstáculos para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución, la Constitución Nacional, y por los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en particular respecto de los niños, los jóvenes, los ancianos, las personas con discapacidad y las mujeres.
Los derechos y garantías consagrados por los Pactos y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, incorporados como Ley de la Nación son de carácter operativo, salvo en los supuestos en que expresamente se ha dejado sujeta su aplicación al dictado de una ley. Toda ley, decreto u orden que, so pretexto de reglamentación, desvirtúe el ejercicio de las libertades y derechos reconocidos, o prive a los ciudadanos de las garantías aseguradas, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. La declaración de inconstitucionalidad pronunciada por los jueces tendrá efectos específicos para la causa en que entendieren.”
Texto que reemplaza el artículo 22
“El Hábeas Corpus procederá también en caso de que de modo inminente se amenace la libertad ambulatoria de una persona, o se agrave ilegítimamente las formas o condiciones de detención, o en el caso de detención forzada de personas. La acción podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor, y el juez deberá resolver de inmediato.”
Nuevo artículo 33 bis
“Esta acción (Amparo) podrá interponerse contra cualquier decisión, hecho, acto u omisión emanada de Autoridad Pública, así como de cualquier persona física o jurídica, que de modo actual o inminente amenacen, alteren, restrinjan o impidan de manera ilegítima el ejercicio de los derechos mencionados, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. La acción será expedita y rápida. El juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funda el acto u omisión lesiva.”
Nuevo el artículo 34 bis
“Toda persona podría interponer acción expedita de Hábeas Data para tomar conocimiento de los datos referidos a ella o a sus bienes, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes y su finalidad. En caso de datos falsos, erróneos, obsoletos, incompletos o de carácter discriminatorio, podrá exigir la supresión, rectificación, confidencialidad, adición o actualización de aquellos. En ningún caso podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Ningún dato podrá registrarse con fines discriminatorios, ni será proporcionado a terceros, salvo que tengan un interés legítimo. El uso de los registros informáticos y de otras tecnologías no podrá vulnerar el honor, la intimidad personal y familiar, y el pleno ejercicio de los derechos”
Nuevo artículo 34 ter
“La colegiación profesional será obligatoria. El Estado ejercerá el poder de policía sobre las matrículas profesionales, que podrá delegar por ley en los respectivos colegios profesionales. La matriculación única por profesión será válida para el ejercicio profesional en todo el territorio de la provincia. Se reconoce el derecho de los profesionales para administrar sus propias cajas previsionales.”
Nuevo inciso 10 del artículo 35
“La Provincia de Tucumán adopta como política prioritaria de Estado la preservación del medio ambiente. El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. Dentro de las esferas de sus atribuciones se establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponerlo y/o repararlo”
Parte de la reforma al artículo 36
“El Estado reconoce la salud como derecho fundamental de la persona humana. Compete al Estado el cuidado de la salud física, mental y social de las personas. Es obligación ineludible del Estado provincial garantizar el derecho a la salud integral pública y gratuita a todos sus habitantes, sin distinción alguna, mediante la adopción de medidas preventivas, sanitarias y sociales adecuadas. La Provincia reserva para sí la potestad del poder de policía en materia de legislación y administración de salud.
Todas las personas tienen derecho a recibir atención médica en los hospitales y establecimientos públicos de salud. Si al momento de requerir el servicio, el ciudadano careciera de medios y existiera capacidad de asistencia por parte del Estado, este deberá derivarlo a otros efectos sanitarios a costa del Estado Provincial. Se dará especial protección a las personas con discapacidad y se asegurará la prestación de atención médica, de servicios de rehabilitación y de apoyo. Se deberá diseñar programas de protección integral de los discapacitados, para que el entorno físico sea accesible y para asegurar su plena integración e igualdad de oportunidades.
El medicamento es considerado un bien social básico, siendo obligación del Estado arbitrar los mecanismos que garanticen su accesibilidad para todos los habitantes de la Provincia, así como fiscalizar su procedencia. El Estado garantizará el derecho a la vida desde la concepción”
Modificación del artículo 125
“El Estado provincial es responsable de la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural, arqueológico, histórico, artístico, arquitectónico, documental, lingüístico, folclórico y paisajístico, cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad. Promueve la pluralidad cultural, estimulando el acceso y la participación de los habitantes... a esos fines se creará por ley un ente de cultura”
Parte de la reformas al artículo 124
Modificación del artículo 5
“Los habitantes de la Provincia, como habitantes de la Nación Argentina, y al amparo de la Constitución Nacional tienen todos los derechos que aquella establece, sin negación ni mengua de otros derechos enumerados o virtualmente retenidos por el pueblo.
El Estado provincial deberá promover medidas de acción positiva y remover obstáculos para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución, la Constitución Nacional, y por los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en particular respecto de los niños, los jóvenes, los ancianos, las personas con discapacidad y las mujeres.
Los derechos y garantías consagrados por los Pactos y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, incorporados como Ley de la Nación son de carácter operativo, salvo en los supuestos en que expresamente se ha dejado sujeta su aplicación al dictado de una ley. Toda ley, decreto u orden que, so pretexto de reglamentación, desvirtúe el ejercicio de las libertades y derechos reconocidos, o prive a los ciudadanos de las garantías aseguradas, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. La declaración de inconstitucionalidad pronunciada por los jueces tendrá efectos específicos para la causa en que entendieren.”
Texto que reemplaza el artículo 22
“El Hábeas Corpus procederá también en caso de que de modo inminente se amenace la libertad ambulatoria de una persona, o se agrave ilegítimamente las formas o condiciones de detención, o en el caso de detención forzada de personas. La acción podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor, y el juez deberá resolver de inmediato.”
Nuevo artículo 33 bis
“Esta acción (Amparo) podrá interponerse contra cualquier decisión, hecho, acto u omisión emanada de Autoridad Pública, así como de cualquier persona física o jurídica, que de modo actual o inminente amenacen, alteren, restrinjan o impidan de manera ilegítima el ejercicio de los derechos mencionados, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. La acción será expedita y rápida. El juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funda el acto u omisión lesiva.”
Nuevo el artículo 34 bis
“Toda persona podría interponer acción expedita de Hábeas Data para tomar conocimiento de los datos referidos a ella o a sus bienes, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes y su finalidad. En caso de datos falsos, erróneos, obsoletos, incompletos o de carácter discriminatorio, podrá exigir la supresión, rectificación, confidencialidad, adición o actualización de aquellos. En ningún caso podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Ningún dato podrá registrarse con fines discriminatorios, ni será proporcionado a terceros, salvo que tengan un interés legítimo. El uso de los registros informáticos y de otras tecnologías no podrá vulnerar el honor, la intimidad personal y familiar, y el pleno ejercicio de los derechos”
Nuevo artículo 34 ter
“La colegiación profesional será obligatoria. El Estado ejercerá el poder de policía sobre las matrículas profesionales, que podrá delegar por ley en los respectivos colegios profesionales. La matriculación única por profesión será válida para el ejercicio profesional en todo el territorio de la provincia. Se reconoce el derecho de los profesionales para administrar sus propias cajas previsionales.”
Nuevo inciso 10 del artículo 35
“La Provincia de Tucumán adopta como política prioritaria de Estado la preservación del medio ambiente. El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. Dentro de las esferas de sus atribuciones se establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponerlo y/o repararlo”
Parte de la reforma al artículo 36
“El Estado reconoce la salud como derecho fundamental de la persona humana. Compete al Estado el cuidado de la salud física, mental y social de las personas. Es obligación ineludible del Estado provincial garantizar el derecho a la salud integral pública y gratuita a todos sus habitantes, sin distinción alguna, mediante la adopción de medidas preventivas, sanitarias y sociales adecuadas. La Provincia reserva para sí la potestad del poder de policía en materia de legislación y administración de salud.
Todas las personas tienen derecho a recibir atención médica en los hospitales y establecimientos públicos de salud. Si al momento de requerir el servicio, el ciudadano careciera de medios y existiera capacidad de asistencia por parte del Estado, este deberá derivarlo a otros efectos sanitarios a costa del Estado Provincial. Se dará especial protección a las personas con discapacidad y se asegurará la prestación de atención médica, de servicios de rehabilitación y de apoyo. Se deberá diseñar programas de protección integral de los discapacitados, para que el entorno físico sea accesible y para asegurar su plena integración e igualdad de oportunidades.
El medicamento es considerado un bien social básico, siendo obligación del Estado arbitrar los mecanismos que garanticen su accesibilidad para todos los habitantes de la Provincia, así como fiscalizar su procedencia. El Estado garantizará el derecho a la vida desde la concepción”
Modificación del artículo 125
“El Estado provincial es responsable de la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural, arqueológico, histórico, artístico, arquitectónico, documental, lingüístico, folclórico y paisajístico, cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad. Promueve la pluralidad cultural, estimulando el acceso y la participación de los habitantes... a esos fines se creará por ley un ente de cultura”
Parte de la reformas al artículo 124
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