Dudas en la Corte por la supresión del Tribunal Constitucional

La decisión de la Convención Constituyente de eliminar el Tribunal Constitucional (TC) obligará a establecer con precisión qué estructura atenderá ciertas facultades dadas a ese órgano creado en 1990, pero que nunca entró en funciones. Hasta ahora, la Corte Suprema de Justicia vino atendiendo parcialmente algunas de sus competencias, pero los convencionales deberán definir si siguen con esas funciones o si son cubiertas en otra instancia.
El presidente del máximo tribunal, Alfredo Carlos Dato, se mantuvo en reserva acerca de este asunto. “Hay que ver qué dice el texto que se va a sancionar, porque es una discusión del modelo a seguir. El TC respondió a la corriente europea de concentrar en un solo cuerpo toda resolución de inconstitucionalidad, frente a la tradición norteamericana y de la propia Constitución argentina de la competencia difusa, en la cual cualquier juez puede pronunciarse sobre el tema”, sostuvo.
Entre las atribuciones del TC figuran la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y ordenanzas.
El magistrado recordó que, en reemplazo del TC, la Corte sólo entendía en las cuestiones relacionadas con el juzgamiento de funcionarios no sometidos al procedimiento del juicio político, los conflictos entre los poderes del Estado y el rechazo de un diploma como legislador o concejal.
En cambio, el máximo tribunal no asumió las facultades acerca de declarar la inconstitucionalidad de las leyes erga homnes ni la autorización para la puesta en vigencia de proyectos de normas que estén demorados en sede parlamentaria. “No hay tradición en estos asuntos. La función de ser colegislador se presentaba en una coyuntura política muy especial, para complementar una Legislatura unicameral. Acerca de la derogación general de una ley (en vez de hacerlo caso por caso, como ocurre actualmente), la tendencia es que los cuerpos legislativos cambian la norma cuando hay varios fallos contra su validez para evitar el desgaste. No hace falta crear un instituto nuevo, ni soy tan creyente en la economía procesal en este aspecto, en especial cuando los criterios pueden cambiar cada vez que se modifique la integración de la Corte”, advirtió.
Otra función que cubría el TC era como cuerpo de apelación en caso de recurso contra una sanción dictada por la Cámara a quienes cometiesen faltas de respeto o conducta desordenada en el recinto; a quienes amenazaren ofender a algún legislador y a quienes impidieran el cumplimiento de disposiciones legislativas.


El planteo del Partido Obrero contra el reglamento interno de la Convención Constituyente tardará un par de semanas en resolverse. La denuncia le llegará en las próximas horas al presidente del cuerpo, Juan Manzur, desde la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, luego de que la Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para resolverla (considera que es una cuestión administrativa).
En el expediente ya figura un informe preliminar realizado por la Convención, que detalla el trámite de la sesión en la que se aprobó el reglamento e incluye una copia de la versión taquigráfica. El PO objetó los límites fijados a la participación formal de las minorías en las comisiones. Además, cuestionó que los cambios a la Carta Magna puedan ser aprobados por la simple mayoría de los convencionales presentes.

• “El acople puede ser razonable”
Postura de Danesi
“El acople de listas que proponen algunos convencionales puede ser razonable a la hora de definir el futuro régimen electoral de la provincia; pero para ello debe perfeccionarse el sistema asegurando mayor participación del electoral y evitando los dos grandes males de la Ley de Lemas: la proliferación de candidatos y el doble voto simultáneo”. Así opinó el legislador Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) sobre el proyecto oficialista. Indicó que no será una nueva frustración si se usa en los frentes y alianzas electorales entre partidos políticos.

• Oficialistas conservadores
Crítica de Páez
José Páez, constituyente del ASI, señaló que los despachos del oficialismo tienen como constante la actitud conservadora y la no incorporación de institutos progresistas. “Se aprobó un nuevo Preámbulo que no tiene en cuenta la definición como Estado Social de Derecho y no incorpora los principios republicanos de la división de poderes y la alternancia en el poder, ni conceptos referidos al derecho a la vida”. Menciona que tampoco se añaden normas de acción positiva en el diseño de políticas referidas al género y la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres.