No será debatida la cláusula para habilitar los amparos colectivos

Cuatro modificaciones a artículos de la Constitución de 1990 y dos agregados conforman el paquete de reformas al capítulo de Declaraciones, Derechos y Garantías que será sancionado el martes por la Convención Constituyente. El peronista Antonio Raed, presidente de la comisión que presentará los despachos para la consideración del cuerpo, sostuvo que las enmiendas sugeridas implicarán un cambio filosófico con relación al texto autoritario aprobado por una mayoría bussista hace 16 años.
Según Raed, la Constitución adquirirá un perfil humanístico. “Se intentó reflejar el verdadero sentir del pueblo tucumano. La idea era plasmar en la norma la motivación profunda que llevó a reformar una Constitución anacrónica que soslayó los inviolables e inalienables derecho del hombre. En el 90 no se preservó ni la expresión individual, ni la colectiva de esas prerrogativas que sirven de base a la convivencia política y al fortalecimiento institucional”, sostuvo el parlamentario.
Las reformas comienzan por el artículo 5, el que cambiará sustancialmente. En la actualidad, el texto hace referencia a la competencia del Tribunal Constitucional para enjuiciar a los funcionarios no sujetos a Juicio Político. La comisión propone eliminar ese instituto, que nunca entró en funcionamiento, para fijar una serie de principios filosóficos. ( ver “Dictamen de Declaraciones...”).
El artículo 22 recibirá modificaciones en su redacción actual. Se mantiene el reconocimiento de los derechos explícitos e implícitos reconocidos por la Constitución Nacional, pero se introduce la obligación del Estado provincial para promover la igualdad de oportunidades y el pleno goce de las potestades. Se eliminan todas las referencias al Tribunal Constitucional, el que será derogado.

Política prioritaria
En referencia a la tutela legal efectiva se incorporarán los artículos 33 bis, 34 bis y 34 ter. Estos fijan pautas vinculadas con las acciones de Hábeas Corpus, de Amparo y de Hábeas Data. La oposición cuestionó que no se haya avanzado con el Amparo Colectivo y con el reconocimiento de la legitimidad procesal para ejercer ese prerrogativa ciudadana.
La comisión que preside Raed propone modificar el inciso 10 del artículo 35, para habilitar la colegiación profesional obligatoria, y reemplazar el artículo 36. Este último esta referido a la cuestión del medio ambiente, la que quedará ampliamente regulada con una enumeración expresa de 13 atribuciones para que el Estado pueda desarrollar políticas prioritarias en esta materia.
El dictamen de Declaraciones, Derechos y Garantías llegará al recinto con la firma de siete convencionales. Para su elaboración se analizaron 122 proyectos de distintos convencionales.

“Quedan varios asuntos pendientes para el capítulo de Declaraciones, Derechos y Garantías, los que fueron incluidos en nuestra propuesta de forma integral de la Carta Magna. Por ejemplo, Participación Cívica impulsa la incorporación en el artículo 33 de la garantía estatal para asegurar la educación obligatoria y gratuita al menos durante 13 años. Queremos, también, que reconozca a la ONG y que se recepte la figura del Amparo Colectivo para garantizar la defensa de los derechos. Esto se vincula con la constitucionalización de la Defensoría del Pueblo”.

“Los despachos de mayoría tienen como constante una actitud conservadora, en cuanto a los aspectos a reformar, a la no incorporación de institutos progresistas, y la falta de mención de temas centrales. En materia de tutela de los derechos y a las acciones procesales se complementaron normas vigentes, pero se generó un texto confuso que seguramente será materia de controversias interpretativas en el futuro. Además, no se introdujo el amparo ante hechos de incidencia colectiva y el amparo colectivo contenidos en la Constitución nacional desde 1994”.

“Falta avanzar en algunos temas que, desde el radicalismo, consideramos claves para mejorar la Constitución de 1990. Hasta el momento no se han considerado derechos y nuevas garantías que están reconocidas en el orden nacional y otros que son reclamados por la sociedad tucumana desde hace tiempo. Por ejemplo, creemos que hay que discutir los derechos de los jubilados y el sueldo básico para los trabajadores estatales. Las garantías estatales para el goce pleno de los servicios públicos esenciales, como luz y agua, tampoco debe quedar postergadas”.

“El pueblo tucumano se identifica con los inviolables e inalienables derechos del hombre, como fundamento de la convivencia política, de la paz, de la solidaridad, de la justicia social y del bien común. Toda autoridad pública tiene la obligación de respetar, hacer respetar y proteger la dignidad de la persona y está sujeta a la Constitución y al orden jurídico.”
Propuesta para modificar el artículo 5

“Los habitantes de la Provincia, como habitantes de la Nación Argentina, y al amparo de la Constitución Nacional tienen todos los derechos que aquella establece, sin negación ni mengua de otros derechos enumerados o virtualmente retenidos por el pueblo.
El Estado Provincial deberá promover medidas de acción positiva y remover obstáculos para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución, la Constitución Nacional, y por los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en particular respecto de los niños, los jóvenes, los ancianos, las personas con discapacidad y las mujeres.
Los derechos y garantías consagrados por los Pactos y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, incorporados como Ley de la Nación son de carácter operativo, salvo en lo supuestos en que expresamente se ha dejado sujeta su aplicación al dictado de una ley. Toda ley, decreto u orden que so pretexto de reglamentación desvirtúe el ejercicio de las libertades y derechos reconocidos, o prive a los ciudadanos de las garantías aseguradas, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicadas por los jueces. La declaración de inconstitucionalidad pronunciada por los jueces tendrá efectos específicos para la que causa en que entendieren.”
Propuesta para reemplazar el artículo 22

“El Hábeas Corpus procederá también en caso que de modo inminente se amenace la libertad ambulatoria de una persona, o se agrave ilegítimamente las formas o condiciones de detención, o en el caso de detención forzada de personas. La acción podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el Juez deberá resolver de inmediato.”
Propuesta para incorporar el artículo 33 bis

“Esta acción (Amparo) podrá interponerse contra cualquier decisión, hecho, acto u omisión emanada de Autoridad Pública, así como de cualquier persona física o jurídica, que de modo actual o inminente amenacen, alteren, restrinjan o impidan de manera ilegítima el ejercicio de los derechos mencionados, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. La acción será expedita y rápida. El Juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funda el acto u omisión lesiva.”
Propuesta para incorporar el artículo 34 bis

“Toda persona podría interponer acción expedita de Hábeas Data para tomar conocimiento de los datos referidos a ella o a sus bienes, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes y su finalidad. En caso de datos falsos, erróneos, obsoletos, incompletos o de carácter discriminatorio, podrá exigir la supresión, rectificación, confidencialidad, adición o actualización de aquellos. En ningún caso podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.”
Propuesta para incorporar el artículo 34 ter

“La Provincia adopta como política prioritaria de Estado, la preservación del medio ambiente. El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. Dentro de la esfera de sus atribuciones...9) Se establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto...13) El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponerlo y/o repararlo.”
Parte de la propuesta para reemplazar el artículo 36