La crisis de los dos juzgados repica en otras instituciones

La crisis existente en los dos juzgados federales de Tucumán tiene ramificaciones que exceden el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM), donde se sustancian sendos sumarios contra los magistrados Jorge Parache y Felipe Terán, a fin de determinar si incurrieron en alguna causal de destitución.
El origen de todo son las presuntas irregularidades detectadas el año pasado por dos auditorías (la de la Procuración del Tesoro de la Nación y la del Cuerpo de Auditores Judiciales del CM) en la tramitación de causas iniciadas por particulares contra el Estado, a raíz de la pesificación de los títulos públicos que siguió a la declaración, de diciembre de 2001, de que la Argentina había entrado en cesación de pagos.
Aunque con diferentes objetivos y naturalezas, además de en el CM, hay actuaciones en marcha -vinculadas al tema- en la Fiscalía Federal número dos (a cargo de Carlos Brito), en el Ministerio de Economía de la Nación y en el Colegio de Abogados de Tucumán (ver notas aparte).
Lo más adelantados son los sumarios en el CM. La comisión de Acusación -dictamen mediante- ya aconsejó al pleno del CM que someta a Terán a un proceso de remoción por presunto mal desempeño, aunque el pleno (máxima instancia) devolvió el expediente a la comisión de origen y postergó -sin fecha- su decisión.
Paralelamente, la comisión de Acusación citó a Parache para que efectúe su descargo el 16 del corriente, pero sus miembros (lo integran siete consejeros) anticiparon que, después de ese hecho, insistirán -sin modificarlo- en el dictamen contra Terán.

Advertencia
Antes que los sumarios (fueron dispuestos el 29 de noviembre), el 16 de agosto de 2005, Brito recibió de Terán las actuaciones vinculadas al caso Borquez. El juez había sido advertido por el propio Estado nacional de que, a posteriori de la interposición de la demanda (sucedió el 25 de noviembre de 2004), cuando la mujer había presentado copias certificadas por escribano de constancia de tenencia de títulos por sólo U$S 620.000, habían ingresado en la cuenta de la mujer U$S 4 millones más en bonos.
Hasta el momento, Brito ha pedido numerosos informes (entre otros, al Ministerio de Economía, a la Caja de Valores y a la Bolsa de Comercio porteña) en un expediente caratulado “presunta comisión de delito de acción pública”.
Brito también lleva 15 actuaciones preliminares (vinculadas a otras causas relacionadas con ambos jueces) a fin de constatar si en ellas hubo irregularidades similares a las que se habrían registrado en el caso Borquez, calificado como paradigmático por la comisión de Acusación del CM.

Sumarios en el Ministerio de Economía de la Nación 
Amén de la investigación del fiscal federal Carlos Brito, desde el 20 de marzo está en marcha un sumario en el Ministerio de Economía de la Nación (ME), como consecuencia de las presuntas irregularidades detectadas en Tucumán en causas judiciales iniciadas contra el Estado por títulos públicos.
El 17 de marzo, Brito libró un oficio al ME a fin de que le informaran si, como consecuencia de los resultados de la auditoría de  2005 de la Procuración del Tesoro de la Nación vinculada al caso Borquez (ver “La crisis...”), se había iniciado algún sumario. En efecto, aquella auditoría tuvo entre sus objetivos analizar cuál había sido la conducta de los abogados que habían representado los intereses de la Nación ante la Justicia Federal de Tucumán.
El 4 de abril, el subsecretario legal del ME, Osvaldo Siseles, respondió a Brito que, por disposición número 41, del 20 de marzo, se había resuelto abrir un sumario administrativo. “El fin es deslindar la responsabilidad administrativo-disciplinaria y determinar el perjuicio fiscal”, afirmó el funcionario en el oficio.
El fin de las actuaciones es precisar si el erario pagó en exceso en Tucumán. “No todos los oficios (dirigidos al ME para que pagara en virtud de las medidas cautelares dispuestas por los jueces) decían lo mismo y, a veces, diferían de las propias resoluciones (de los jueces)”, dijeron a LA GACETA fuentes del ME.