Activarán un proceso contra un juez federal

BUENOS AIRES (De nuestro enviado especial, Federico Abel).- Después de alrededor de cinco meses en que estuvo congelado, casi con seguridad hoy, la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) activará el sumario contra el juez federal número uno de Tucumán, Jorge Parache y, en consecuencia, fijará fecha para que el magistrado se presente a efectuar un descargo. La actuación que le siguen a Parache se debe a presuntas irregularidades durante la tramitación de causas en las que particulares demandaban al Estado por títulos públicos supuestamente afectados por la pesificación, que siguió a la declaración de la situación de cesación de pagos (default), por parte de la Argentina, de diciembre de 2001.
El expediente del tucumano es el sexto tema que tratará la comisión que preside el diputado nacional Federico Storani (radical) y que fue convocada para las 9.30. Concretamente, los consejeros deberán decidir si apoyan la propuesta del senador nacional por Santa Cruz Nicolás Fernández (PJ) de que el juez sea citado por el artículo 9 del reglamento interno de la comisión. Para que la moción prospere basta que sea apoyada por la simple mayoría de los miembros que estuvieran presentes, siendo imprescindible que haya cuatro como mínimo (quórum estricto) para que sesione el grupo.
De acuerdo con el procedimiento establecido por el reglamento de la comisión, la comparencia del magistrado denunciado es uno de los últimos pasos y supone que, previamente, fueron sustanciadas las medidas preliminares necesarias para el caso. No obstante, como sucedió con el juez federal número dos, Felipe Terán, bajo sumario por el mismo tema, el instructor (Fernández) efectuó su informe a partir de las conclusiones de las auditorías practicadas en Tucumán -por separado- por la Procuración del Tesoro de la Nación y por el Cuerpo de Auditores Judiciales, del CM, el año pasado.
Las auditorías fueron determinantes para que, en diciembre, el comité de asignación del CM haya decidido someter a los dos jueces a sendos sumarios. En efecto, según el informe del jefe del Cuerpo de Auditores Judiciales del CM, Jorge dal Zotto, que analizó 65 expedientes de Parache y 41 de Terán, podía "inferirse la posible existencia de una maniobra delictiva tendiente a defraudar a la administración pública".
Las supuestas irregularidades consistían, fundamentalmente en que, frente a las demandas, los jueces libraban -por lo general- medidas cautelares a favor de los particulares. Por medio de ellas, ordenaban al Estado que se abstuviera de aplicar la normativa que dispuso la pesificación de los títulos de la deuda pública y, en algunos casos, a que pagara los intereses o el capital amortizado de los bonos que iban venciendo.
Sin embargo, el Ministerio de Economía de la Nación advirtió que, como las cautelares no identificaban (por serie y número) los títulos beneficiados por las medidas, sino simplemente la cuenta del demandante, existía la posibilidad de que a estas fueran ingresados títulos comprados, a bajo precio, después del default y que recibieran el mismo tratamiento, en cuanto a sus condiciones (moneda de origen y tipo de interés), que los que habían sido adquiridos antes de 2001.

Formalidades
Si aprueban la propuesta de Fernández, los consejeros también deberán fijar cuándo Parache tendría que efectuar su descargo, cosa que podría hacer personalmente (solo o en compañía de un abogado) o por escrito, modalidad a la que recurrió Terán el 23 de marzo. En este caso, la citación tendría que ser notificada con cinco días (hábiles) de anticipación, como mínimo.
El reglamento prevé que luego del descargo, si lo considerara conveniente, la comisión puede ordenar las sustanciación de las medidas que haya pedido el denunciado y hasta puede citar al magistrado a que comparezca nuevamente.
Finalmente, el grupo, tras escuchar el informe del instructor, puede votar a favor del archivo del expediente, por su pase a la comisión de Disciplina (en el caso de que concluyera que, a lo sumo, en el caso hubo una falta administrativa menor) o por la elevación al pleno con la sugerencia de que el juez sea sometido a un proceso de destitución, como sucedió con Terán.