26 Febrero 2006 Seguir en 
Para analizar la grave situación planteada entre Uruguay y la Argentina es necesario diferenciar dos ámbitos: el ambiental y el estrictamente diplomático.
El primero es quizás más simple, ya que exige efectuar estudios científicos amplios y omnicomprensivos tendientes a determinar si la actividad a llevarse a cabo producirá efectos nocivos al medio ambiente. Estas investigaciones, para ser determinantes, deben abarcar todas las etapas y aun los efectos colaterales del funcionamiento de las plantas. A modo ejemplificativo, la utilización de grandes extensiones de tierras para el cultivo de eucaliptos (resignando otros destinos); los componentes que se aplicarán en los procesos industriales (la utilización de cloro en el proceso de blanqueo genera críticas); las emanaciones de azufre que se liberarán a la atmósfera; la posible contaminación del río Uruguay y su impacto en las condiciones de vida de los pobladores o en el turismo. Este examen, desarrollado con rigor técnico, puede garantizar un bajo grado de afectación de los recursos naturales o, por el contrario, desaconsejar el funcionamiento de las fábricas.
El segundo ámbito presenta numerosos matices y dificultades. Primero, considero que el Gobierno argentino reaccionó en forma lenta (desde fines de 2003 existía información sobre los proyectos de instalación de las plantas), con lo cual se perdió protagonismo y se actuó siempre después de los acontecimientos, ante la presión de las manifestaciones populares.
Además, no se demostró desde el comienzo del conflicto una postura única ni una actitud negociadora inteligente, mientras que en Uruguay (con el estandarte de la generación de empleos y los beneficios de las inversiones extranjeras) se aprovechó el tema para exacerbar tendencias nacionalistas o como un canal indirecto para expresar cierto sentimiento de frustración por una posición secundaria en el Mercosur.
Los caminos posibles para el diálogo son varios y están previstos en diversos tratados (Estatuto del Río Uruguay, normativa del Mercosur), pero es indispensable la voluntad política de transitarlos. Por otra parte, acudir a otras instancias, como la Corte Internacional de Justicia, debe ser el último recurso. Argentina tiene mucho en juego; no sólo desde el punto de vista ambiental sino además por la necesidad de mantener la tradición de buenas relaciones con Uruguay y para no arriesgar la supervivencia del Mercosur. (Exclusivo para LA GACETA)
El primero es quizás más simple, ya que exige efectuar estudios científicos amplios y omnicomprensivos tendientes a determinar si la actividad a llevarse a cabo producirá efectos nocivos al medio ambiente. Estas investigaciones, para ser determinantes, deben abarcar todas las etapas y aun los efectos colaterales del funcionamiento de las plantas. A modo ejemplificativo, la utilización de grandes extensiones de tierras para el cultivo de eucaliptos (resignando otros destinos); los componentes que se aplicarán en los procesos industriales (la utilización de cloro en el proceso de blanqueo genera críticas); las emanaciones de azufre que se liberarán a la atmósfera; la posible contaminación del río Uruguay y su impacto en las condiciones de vida de los pobladores o en el turismo. Este examen, desarrollado con rigor técnico, puede garantizar un bajo grado de afectación de los recursos naturales o, por el contrario, desaconsejar el funcionamiento de las fábricas.
El segundo ámbito presenta numerosos matices y dificultades. Primero, considero que el Gobierno argentino reaccionó en forma lenta (desde fines de 2003 existía información sobre los proyectos de instalación de las plantas), con lo cual se perdió protagonismo y se actuó siempre después de los acontecimientos, ante la presión de las manifestaciones populares.
Además, no se demostró desde el comienzo del conflicto una postura única ni una actitud negociadora inteligente, mientras que en Uruguay (con el estandarte de la generación de empleos y los beneficios de las inversiones extranjeras) se aprovechó el tema para exacerbar tendencias nacionalistas o como un canal indirecto para expresar cierto sentimiento de frustración por una posición secundaria en el Mercosur.
Los caminos posibles para el diálogo son varios y están previstos en diversos tratados (Estatuto del Río Uruguay, normativa del Mercosur), pero es indispensable la voluntad política de transitarlos. Por otra parte, acudir a otras instancias, como la Corte Internacional de Justicia, debe ser el último recurso. Argentina tiene mucho en juego; no sólo desde el punto de vista ambiental sino además por la necesidad de mantener la tradición de buenas relaciones con Uruguay y para no arriesgar la supervivencia del Mercosur. (Exclusivo para LA GACETA)









