Posiblemente los bancos han sido uno de los sectores más afectados por la crisis de 2001-2002, ya que la pesificación compulsiva afectó a un porcentaje muy alto de sus clientes y ante el público aparecieron como responsables de gran parte de las medidas que afectaron los derechos de propiedad de los depositantes. Además, como resultado de la corrida bancaria, de la fuerte caída de los títulos que mayoritariamente componían sus activos y los amparos de los depositantes para retirar sus fondos, los bancos sufrieron severos problemas de liquidez que en muchos caso se transformaron en problemas de solvencia.
Esto sucedió con el Banco Empresario de Tucumán. Ha sido afectado enormemente tras la última crisis financiera y no pudo recuperarse pese a la asistencia mediante redescuentos otorgados por el Banco Central. La crisis de liquidez derivó en una crisis patrimonial del Empresario. Si bien en la actualidad, la situación de liquidez de los bancos es aceptable, todavía afrontan problemas de rentabilidad. Los bancos, tras la crisis, debieron recomponer su capital; algunas entidades extranjeras lograron recuperarse con asistencia de sus casas matrices, pero no es fácil inyectar capital en un negocio que aún no está muy claro por el contexto económico.
El problema de fondo, con el Banco Empresario es quién capitaliza la entidad, porque no puede ser insolvente para operar.
En la última semana, el Banco Central dispuso la suspensión de la entidad por 30 días y es probable que durante este lapso otra entidad decida adquirir la institución tucumana. El marco regulatorio actual mantiene muchas de las normas que se desarrollaron en los 90, y establece un mecanismo que permite el cierre o la fusión de entidades financieras con problemas de solvencia (detallado en la Ley de Entidades Financieras y en la carta Orgánica del Banco Central). En estos casos los artículos 34 y 35 bis, prevén la exclusión de activos y pasivos de la entidad con problemas. Se transfieren los depósitos y activos por valores equivalentes a otra entidad que muestra interés en adquirirla. La ley procura actuar en defensa de los depositantes que son los principales acreedores de un banco y preservar los activos para "tentar" a otra entidad interesada en seguir con las operaciones de la entidad con problemas. El objetivo es ofrecer una señal clara para que los ahorristas se sientan protegidos y mejore la situación de liquidez de la entidad, al no interrumpirse el flujo de fondos mediante depósitos.
La lectura que puede hacerse de lo ocurrido con el Banco Empresario es que, en la actuales circunstancias económicas, las entidades de baja escala de operaciones y de cartera de préstamos poco diversificadas, les resulta muy complejo superar una complicada crisis. La situación de liquidez se puede recuperar, pero para dejar atrás la debilidad patrimonial hace falta generar negocios, y ese es el desafío.
