Hay caminos que se construyen con asfalto y otros que se recorren con esperanza. Pero ninguno debería convertirse en el lugar donde una familia pierde para siempre a quien esperaba ver regresar. He leído con atención el editorial de LA GACETA sobre las obras proyectadas para el Camino del Perú. Celebro que la Provincia, Yerba Buena y Cebil Redondo hayan encontrado, finalmente, una mesa común para discutir soluciones. Es una buena noticia. Pero las buenas noticias no deberían hacernos olvidar las malas realidades. Las obras anunciadas necesitarán tiempo, recursos y decisiones administrativas. Mientras tanto, ¿qué hacemos con quienes diariamente deben atravesar intersecciones donde el peligro parece haberse incorporado al paisaje? La seguridad vial no puede quedar condicionada al calendario de las grandes obras. Por eso considero indispensable que las autoridades dispongan, con carácter urgente, un relevamiento técnico de los cruces más peligrosos, especialmente de las calles laterales que desembocan sobre el Camino del Perú. Que se determine dónde corresponde instalar semáforos, mejorar la señalización, demarcar sendas peatonales y adoptar medidas provisorias de protección mientras se ejecutan las soluciones definitivas. También resulta imprescindible reforzar los controles en los horarios de mayor circulación, fiscalizar rigurosamente el cruce de semáforos en rojo y garantizar condiciones seguras para los agentes de tránsito. No estamos reclamando improvisaciones. Estamos reclamando decisiones inmediatas, técnicamente fundadas y con responsables identificables. ¿Conocemos las estadísticas de accidentes, heridos y fallecidos de los últimos años en esta arteria? Si existen, deberían publicarse. Si no existen, deben elaborarse sin demora. La ciudadanía tiene derecho a conocer la magnitud del riesgo que enfrenta. Hay algo todavía más preocupante: la indiferencia frente a la ley. He visto motocicletas, automóviles, camiones y colectivos atravesar semáforos en rojo como si la luz encendida fuera una simple sugerencia. Ninguna obra pública podrá compensar semejante desprecio por la vida ajena si no existe una fiscalización sostenida. Como ex interventor de Yerba Buena, conozco las dificultades de gobernar. Pero nunca he creído que la falta de recursos justifique la ausencia de prioridades. Por eso reitero mi invitación a las autoridades provinciales, municipales y comunales competentes: encontrémonos en el Camino del Perú, a la altura de la Sociedad Rural. No para una fotografía ni para un discurso. Para observar, escuchar y decidir. Propongo que de ese encuentro surja un plan de emergencia vial, con medidas iniciales dentro de los próximos 30 días, un cronograma público y autoridades responsables de su cumplimiento.
Jorge Bernabé Lobo Aragón
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