El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental: cuáles son los cambios y qué falta para su sanción
La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra. El proyecto amplía los criterios para las internaciones involuntarias, habilita la atención en hospitales psiquiátricos especializados y refuerza el rol de los médicos psiquiatras. Ahora deberá debatirse en la Cámara de Diputados.
Resumen para apurados
- El Senado dio media sanción en el Congreso al proyecto oficialista de reforma de la Ley de Salud Mental para actualizar las pautas de internación involuntaria.
- Modifica la norma de 2010 al habilitar hospitales psiquiátricos y sumar adicciones, mientras la oposición cuestionó la falta de presupuesto para su aplicación.
- La iniciativa pasó a la Cámara de Diputados, donde se definirá su sanción definitiva o posibles cambios antes de modificar el modelo de atención sanitaria nacional.
El Senado de la Nación dio media sanción a la reforma de la Ley de Salud Mental, vigente desde 2010. El proyecto impulsado por el Gobierno obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos, sin abstenciones, y propone cambios en los criterios de internación, la atención de los consumos problemáticos y la organización de los servicios sanitarios.
La iniciativa modifica aspectos centrales de la Ley 26.657, que estableció un modelo de atención basado en los derechos humanos y la inclusión comunitaria. Entre los principales cambios, amplía las condiciones para disponer internaciones involuntarias, reincorpora a los hospitales especializados en psiquiatría dentro del sistema de atención y fortalece la participación de los médicos psiquiatras en los equipos interdisciplinarios.
Con la aprobación de la Cámara alta, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado por Diputados. Para convertirse en ley, deberá obtener la aprobación de la Cámara baja.
Qué cambia en las internaciones involuntarias
Uno de los puntos centrales de la reforma de la Ley de Salud Mental es la modificación de los criterios para disponer una internación sin el consentimiento del paciente.
El proyecto establece que estas medidas podrán adoptarse cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. La evaluación deberá considerar tanto el estado actual del paciente como sus antecedentes de conductas o ideaciones que puedan provocar daños y la evolución previsible de su situación si no recibe tratamiento.
La iniciativa también modifica los procedimientos para las situaciones de urgencia. Cuando en el momento de la evaluación haya un solo médico disponible, este podrá ordenar la internación, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario especializado dentro de las 48 horas.
Además, los jueces podrán ordenar internaciones involuntarias cuando los prestadores de salud se nieguen a realizarlas pese a que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa.
El texto mantiene el carácter excepcional de estas medidas y reafirma la necesidad de garantizar los derechos de las personas durante el tratamiento.
Hospitales psiquiátricos y atención especializada
Otro de los cambios relevantes es la habilitación de internaciones en hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, además de los hospitales generales. La medida también contempla instituciones específicas, tanto públicas como privadas.
La reforma mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y conserva el objetivo de promover dispositivos comunitarios que favorezcan la inclusión social y laboral de las personas con padecimientos de salud mental.
El proyecto también contempla la posibilidad de realizar teleconsultas con médicos psiquiatras cuando no se pueda garantizar su presencia física. La medida apunta a facilitar el acceso a especialistas, especialmente en zonas alejadas de los principales centros urbanos.
Asimismo, incorpora expresamente las adicciones dentro de las políticas de salud mental y establece nuevas disposiciones relacionadas con la participación de las familias en los tratamientos.
Qué dice la reforma sobre las familias y los recursos
La iniciativa incorpora obligaciones para familiares y responsables de personas con trastornos mentales, además de reconocer derechos específicos para quienes cumplen tareas de cuidado. También prevé mecanismos de orientación, acompañamiento y acceso a información sobre tratamientos y recursos disponibles.
En materia de financiamiento, durante el debate se incorporó una disposición para establecer mecanismos de asistencia técnica, económica y financiera de la Nación a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La propuesta contempla convenios entre las jurisdicciones, con compromisos de financiamiento, objetivos, cronogramas y mecanismos de rendición de cuentas. Los recursos deberán destinarse prioritariamente al fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios, la contratación y formación de profesionales, las teleconsultas y el desarrollo de dispositivos comunitarios.
El objetivo es establecer herramientas para que las provincias puedan afrontar las obligaciones derivadas de la ley, teniendo en cuenta sus capacidades fiscales y sanitarias.
Las diferencias entre el oficialismo y la oposición
Durante el debate, el oficialismo defendió la reforma con el argumento de que la legislación vigente necesita herramientas para responder a situaciones de riesgo y mejorar la atención de los pacientes.
La senadora oficialista Ivanna Arrascaeta sostuvo que la ley sancionada en 2010 quedó desactualizada en algunos aspectos y afirmó que el proyecto fue modificado a partir de aportes de profesionales, instituciones, asociaciones civiles y familiares.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió los cambios en los criterios de internación y sostuvo que la normativa debe permitir intervenciones oportunas ante situaciones de riesgo grave. También destacó la necesidad de articular el trabajo de psicólogos y psiquiatras.
Desde la oposición hubo cuestionamientos sobre el alcance de las modificaciones y las condiciones necesarias para garantizar su aplicación.
El senador Guillermo Andrada, del bloque Convicción Federal, señaló que uno de los principales problemas de la ley vigente fue la falta de recursos para cumplir sus objetivos. Advirtió que modificar los criterios clínicos no alcanza si no existen equipos, infraestructura y financiamiento adecuados.
Por su parte, la senadora justicialista Lucía Corpacci consideró que el problema de la salud mental debe abordarse con mayores recursos y cuestionó que la reforma pueda resolver las dificultades del sistema por sí sola.
Con la media sanción del Senado, el debate continuará ahora en la Cámara de Diputados, donde los legisladores deberán definir si aprueban el texto o introducen modificaciones.
