A fines de julio, cuando ocurrió la explosión en el edificio de Monteagudo 12 -que tuvo un saldo de una persona fallecida y unos 60 vecinos damnificados- quedó expuesta una falta de control sobre las habilitaciones de construcciones en altura. En ese momento se recordó que ya en 2018 se había detectado que había 31 edificaciones sin final de obra y que en el caso de la de la tragedia se arrastraban incumplimientos desde hacía unas dos décadas. A partir de ello se generó un relevamiento cuyos resultados fueron expuestos por funcionarios municipales en estos días, que revelan que sobre 1.450 edificaciones de vivienda colectiva en San Miguel de Tucumán hay 253 edificios sin final de obra y que más del 60% están habitados.
Los datos fueron revelados por la directora de Catastro municipal, Nora Belloni, durante una reunión en el Concejo Deliberante, donde también quedó expuesto que todavía no se determinó cuántos de esos inmuebles presentan problemas que puedan comprometer la seguridad de sus ocupantes.
La funcionaria explicó que el relevamiento comprende la casi totalidad de las construcciones. Junto a Belloni estaban el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández, y el arquitecto Luis Lobo Chaklián, responsable técnico del nuevo Código de Planeamiento Urbano. Fernández informó que las distintas áreas municipales están cruzando información para establecer si hay riesgos para las personas. Dijo que se inspeccionaron 112 unidades y aseguró que en ninguno se detectó peligro para los habitantes. No se especificó si esas construcciones integran el grupo de 253 inmuebles sin final de obra. Lobo Chaklián atribuyó parte de las irregularidades a prácticas de administraciones anteriores. “Las herencias de gestiones anteriores hay que transparentarlas y normalizarlas”, expresó. El arquitecto también indicó que se habían identificado alrededor de 17 construcciones con peligro de derrumbe y que el Ejecutivo intervino en siete. Además, sostuvo que el nuevo Código de Planeamiento Urbano debería contribuir a corregir las deficiencias existentes.
También se informó que ha habido 1.084 multas vinculadas a esos edificios sin final de obra, lo cual revela una parte de la preocupación de las autoridades, aunque los hechos muestran que las sanciones por sí solas no han bastado para avanzar hacia una normalización de estas situaciones irregulares. De hecho, los concejales que promovieron este relevamiento y este encuentro con los funcionarios hicieron notar que, en el caso del inmueble de Monteagudo 120, se sabía que “el municipio había detectado la irregularidad en 2018 y que, ocho años después, el edificio seguía ocupado sin haberla resuelto”.
En el encuentro se discutió sobre las herramientas disponibles para actuar frente a las irregularidades y se propuso estudiar mecanismos de intervención más efectivos para impedir que los incumplimientos se prolonguen hasta que las empresas soliciten excepciones. También se sugirió priorizar el área central para agilizar las tareas de relevamiento. De los datos que se conocen podría concluirse que es positivo que se haya empezado a registrar las irregularidades y al mismo tiempo se debe asumir que hace falta una acción más profunda para cambiar las cosas. Que haya tantos edificios en esta situación -casi un 20%- debería disparar las alarmas.
