Todos estamos de acuerdo que el Estado nacional debe proteger a los pensionados por discapacidad sin interrumpir las prestaciones médicas y sociales. Pero hagamos un poco de historia. Entre el año 2003 y el 2015 las pensiones no contributivas por discapacidad pasaron de 79.500 a 1.045.000; esto es muy extraño en nuestro país sin que sufriera una guerra ni desastres naturales que lo justifiquen. Extraña más y llama la atención que el lector Lobo Aragón (carta del 14/10), que precisamente asesora, en la Legislatura más cara de la república, al partido político responsable del explosivo aumento de los favorecidos fraudulentamente de pensiones por discapacidad, no lo mencione al problema. Se limita a exigir el cumplimiento de la ley de emergencia e ilustrarnos sobre los “laberintos de Borges” y los “caminos de Machado”. Pero, de la posible solución al falso aumento de las discapacidades, que destruyó el sistema y puso en crisis las prestaciones, ni una palabra.
Luis Ovidio Pérez Cleip
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