Un relevamiento municipal finalizado el 10 de septiembre por la Dirección de Gerencia de Datos detectó 58 refugios de colectivos vandalizados, una cifra equivalente aproximadamente al 9% de las paradas analizadas. San Miguel de Tucumán cuenta con 643 refugios, de los cuales 605 son convencionales y 37 corresponden a los denominados refugios inteligentes. Entre los primeros, el porcentaje de vandalización alcanzó el 9,3%, mientras que entre los segundos llegó al 5,4%. Los daños se concentran principalmente en vidrios destruidos y cartelería arrancada, que en conjunto representan casi nueve de cada diez casos registrados.
Según se informó, el relevamiento tiene carácter permanente y abarca hechos registrados a lo largo del año. El Municipio busca, además, reunir material probatorio en cada nuevo episodio detectado, dijo Javier González, secretario de Ordenamiento y Convivencia, a cargo de la Fiscalía Ambiental Municipal, quien indicó que en varios de los casos relevados ya fue posible individualizar a personas presuntamente vinculadas con los daños, las cuales han sido denunciadas a la justicia. De hecho, el 21 de junio un hombre, captado por la cámara de un vecino, fue descubierto rompiendo con su casco una pantalla LED de un refugio de colectivos, en San Lorenzo al 1.500. En el video se ve que al hombre se le detiene la moto, aparentemente por un desperfecto, desciende y descarga su furia contra la pantalla, que quedó destruida. Tras ser identificado, la Justicia allanó su domicilio, donde se encontró el vehículo de la filmación, y quedó imputado.
Los 58 refugios vandalizados fueron divididos en tres tipos de afectaciones, aunque en dos de ellas se concentra la mayoría: rotura de vidrios (26 casos) y rotura o ausencia del vinilo de cartelería (25 casos). El grafiti es la forma menos frecuente (7 casos). La mayor incidencia se observó en el distrito 15, que comprende Villa Alem, Ampliación Villa Alem y Villa Amalia. Allí fueron encontrados 15 refugios dañados sobre un total de 68, por lo que el 22,1% de las estructuras instaladas en ese sector presenta algún tipo de afectación. “Hay lugares no solo que son recurrentes, sino también que concentran la mayor parte de daños a bienes públicos”, indicó González, quien mencionó específicamente los barrios ubicados en el sur de la Capital. Los actos de vandalismo generan un doble perjuicio -dijo- ya que obligan al Estado municipal a destinar nuevamente recursos para recuperar infraestructura que ya había sido instalada y, al mismo tiempo, privan a los vecinos de bienes y servicios públicos. Cada “refugio inteligente” le cuesta al vecino entre 10 y 12 millones de pesos, según el tipo.
El funcionario sostuvo que el Municipio buscará combinar las actuaciones judiciales con acciones de concientización y reclamó la colaboración de otros organismos estatales. Esto es, fundamentalmente, la Policía. También convendría recordar las estrategias llevadas a cabo en otros momentos en que arreciaron los ataques vandálicos. Saber con datos precisos en qué zonas ocurren permite diseñar acciones de vigilancia, control y sanción para atenuar estas agresiones a la cosa pública.
