Denunció que fue drogada y violada por siete estudiantes: el caso que sacude a la Universidad de Cornell
Una estudiante denunció que fue drogada y agredida sexualmente durante horas por integrantes de una fraternidad universitaria en Estados Unidos. La Fiscalía retomó el caso dos años después, tras una demanda civil que expuso contradicciones entre el testimonio de la víctima, los informes policiales y la respuesta de las autoridades. La universidad anunció una investigación independiente y los acusados negaron haber cometido delitos.
Resumen para apurados
- La fiscalía de Nueva York reabrió el caso de una alumna de Cornell que denunció haber sido drogada y violada en 2024 por siete compañeros en una fraternidad.
- La causa se archivó en 2024 porque la policía omitió el testimonio de la víctima ante el fiscal. Ahora, una demanda reveló chats explícitos entre decenas de alumnos.
- Un gran jurado definirá posibles imputaciones, mientras el Estado de Nueva York ordenó auditar a Cornell e impulsa reformas legales sobre consentimiento y sumisión química.
Un caso de presunta violación grupal en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos volvió a sacudir a la comunidad académica y abrió un nuevo debate sobre la violencia sexual en los campus universitarios. La investigación por la agresión denunciada por una estudiante de la Universidad de Cornell, en Nueva York, fue reabierta después de permanecer sin avances penales durante casi dos años.
La joven, identificada en los documentos judiciales con el seudónimo Jane Doe, sostiene que fue drogada y agredida sexualmente por varios integrantes de la fraternidad Chi Phi durante la noche del 19 de octubre de 2024. En ese momento tenía 20 años y cursaba sus estudios en la institución.
La denuncia señala que los hombres le suministraron alcohol, marihuana y ketamina, una sustancia con efectos anestésicos y disociativos, hasta dejarla en un estado de vulnerabilidad que le impedía reaccionar y prestar consentimiento. La presunta agresión se habría extendido durante varias horas dentro de la residencia de la fraternidad.
Sin embargo, el caso adquirió una nueva dimensión cuando se conocieron detalles de la investigación inicial. La joven había expresado ante la Policía de Cornell que consideraba haber sido violada, pero esa afirmación no apareció en el resumen escrito de seis páginas que recibió la Fiscalía y que sirvió de fundamento para no presentar cargos penales en 2024.
La controversia se profundizó con la aparición de capturas de pantalla de un chat grupal en el que participaban 57 estudiantes, las críticas del abogado de la denunciante y las diferencias entre las versiones de la universidad y las autoridades judiciales sobre la información que se compartió durante la primera investigación.
Qué denunció la estudiante de Cornell sobre la noche del 19 de octubre
Según la demanda civil presentada en septiembre de 2026, Jane Doe había concurrido inicialmente a un bar de Ithaca, donde participó de una actividad vinculada con una asociación estudiantil. Allí consumió alcohol y posteriormente se dirigió a la casa de la fraternidad Chi Phi para encontrarse con un amigo que formaba parte de la organización.
La joven tenía 20 años, una edad inferior a la permitida para consumir bebidas alcohólicas en Estados Unidos.
De acuerdo con su relato, una vez en la residencia, su amigo y otros integrantes de la fraternidad le ofrecieron repetidamente alcohol, marihuana y ketamina. La demanda sostiene que, cuando su estado de intoxicación le impedía defenderse o expresar su voluntad, varios hombres la sometieron a actos sexuales sin su consentimiento.
En su declaración inicial, la joven reconoció que había aceptado algunas prácticas sexuales al comienzo de la noche. Sin embargo, afirmó que posteriormente rechazó otras propuestas y que las insistencias de los integrantes de la fraternidad terminaron por someterla a situaciones que no deseaba.
En uno de los pasajes de su testimonio, según la transcripción difundida por medios estadounidenses, explicó que finalmente cedió después de que le pidieran reiteradamente mantener relaciones sexuales. También manifestó que, debido a su estado de embriaguez, los hombres deberían haber advertido que no se encontraba en condiciones de consentir.
La denunciante describió, además, episodios de violencia física y una sensación creciente de incomodidad ante el desarrollo de los acontecimientos.
Su abogado, Thomas Giuffra, sostuvo que la joven quedó profundamente afectada después de lo sucedido y que necesitó tiempo para comprender lo que había experimentado y estar en condiciones de denunciarlo.
El testimonio de 120 páginas que no llegó a la Fiscalía
Uno de los aspectos más controvertidos del expediente es la diferencia entre la entrevista que la joven mantuvo con la Policía de la Universidad de Cornell y el documento que posteriormente recibió el fiscal del distrito de Tompkins, Matthew Van Houten.
La estudiante informó el episodio a las autoridades universitarias el 8 de noviembre de 2024, aproximadamente tres semanas después de la presunta agresión. Los días 14 y 15 de ese mes fue entrevistada por investigadores policiales. En el primer encuentro también estuvieron presentes un investigador especializado en cuestiones de género, un defensor de víctimas y su asesor.
Según una transcripción obtenida por la cadena CBS New York y citada por CNN, durante esa entrevista la joven expresó una afirmación contundente: "Puedo afirmar con total seguridad que fui violada".
Sin embargo, esa frase no apareció en la declaración escrita de seis páginas que la Policía entregó a la Fiscalía. El documento, que resumía lo ocurrido, tampoco reflejaba con la misma claridad la acusación de agresión sexual que la mujer había formulado durante el interrogatorio.
De acuerdo con la investigación publicada por The New York Times, la transcripción completa tenía aproximadamente 120 páginas. La Fiscalía, en cambio, recibió el resumen policial y otros elementos, entre ellos un video de Snapchat.
Van Houten aseguró que desconocía la existencia de la transcripción y que su oficina no la había recibido. También afirmó que investigará por qué ese material no fue incorporado a la documentación que llegó a sus manos.
La Universidad de Cornell, por su parte, sostuvo que su departamento de Policía compartió toda la información de la investigación con la Fiscalía, aunque no aclaró específicamente si esa entrega incluyó la transcripción completa de la entrevista.
La discrepancia se convirtió en uno de los puntos centrales de la nueva investigación.
Por qué la Fiscalía no presentó cargos en 2024
El fiscal Matthew Van Houten explicó que la decisión de no avanzar penalmente en 2024 estuvo relacionada con el contenido de la declaración escrita que recibió su oficina.
Según su interpretación, el documento describía el consumo de drogas y la conducta sexual de la joven como voluntarios, conscientes y consentidos. A partir de esa información, varios fiscales e investigadores concluyeron que los hechos relatados no reunían los elementos necesarios para presentar una acusación penal.
El funcionario también señaló que la legislación vigente en el estado de Nueva York plantea dificultades para procesar determinados casos de agresión sexual cuando la víctima consumió alcohol o drogas voluntariamente antes del episodio.
Esta disposición se encuentra actualmente bajo cuestionamiento de legisladores y organizaciones que reclaman modificaciones para evitar que el consumo previo de sustancias sea utilizado como un obstáculo para investigar posibles agresiones.
El abogado de Jane Doe cuestionó duramente la actuación de la Fiscalía. Giuffra afirmó que su clienta nunca fue entrevistada por los investigadores del organismo antes de que se resolviera no presentar cargos.
También sostuvo que la investigación inicial fue insuficiente y que las autoridades no profundizaron en las circunstancias denunciadas por la joven.
Van Houten reconoció que la aparición de nueva información obliga a revisar lo sucedido y anunció que su oficina presentará las pruebas ante un gran jurado del condado de Tompkins, que deberá evaluar si corresponde avanzar con una acusación formal.
El chat de 57 estudiantes y los mensajes que agravaron la polémica
Otro elemento que provocó indignación fue la difusión de capturas de pantalla de un grupo de Snapchat integrado por 57 estudiantes varones, entre ellos miembros de la fraternidad Chi Phi.
Según la demanda y los documentos de la investigación, durante el episodio algunos integrantes intercambiaron mensajes de contenido sexual explícito y utilizaron expresiones vulgares para referirse a la posibilidad de mantener relaciones sexuales con la joven.
Uno de los mensajes habría alentado a otros estudiantes a sumarse a la actividad sexual. En otro intercambio, mientras presuntamente se desarrollaban los hechos, un integrante preguntó si todavía había lugar para participar y otro respondió afirmativamente.
Las capturas fueron incorporadas a la demanda civil y se convirtieron en una de las principales evidencias mencionadas en la controversia pública.
El fiscal Van Houten reconoció que esos mensajes no formaron parte de su análisis inicial. Los calificó como completamente vulgares y repugnantes, aunque aclaró que, por sí solos, no determinaban si existió consentimiento.
La universidad, en cambio, afirmó que las capturas fueron entregadas a la Fiscalía en noviembre de 2024, junto con el resto de las pruebas reunidas durante la investigación policial.
La existencia de esos mensajes también abrió interrogantes sobre el comportamiento de los estudiantes que integraban el grupo y que, según la documentación difundida, tuvieron conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
La respuesta de la Universidad de Cornell y las sanciones a los estudiantes
La Universidad de Cornell, integrante de la prestigiosa Ivy League, defendió su actuación y rechazó las acusaciones de haber protegido a los presuntos agresores o de no haber aplicado sanciones suficientes.
La institución realizó una investigación disciplinaria interna bajo las normas del Título IX, el marco federal estadounidense que regula, entre otras cuestiones, la respuesta de las universidades ante situaciones de discriminación y violencia sexual.
Según la información difundida por Cornell, el procedimiento se extendió durante varios meses e incluyó la intervención de un comité integrado por docentes y personal administrativo capacitado para evaluar las pruebas.
La universidad confirmó que aplicó distintas medidas disciplinarias, entre ellas suspensiones y expulsiones. También negó que alguno de los estudiantes hubiera recibido la posibilidad de resolver su situación únicamente mediante la redacción de ensayos.
La demanda civil presentada por Jane Doe ofrece una interpretación diferente. En ella se cuestiona la proporcionalidad de las sanciones y se sostiene que algunos de los involucrados tuvieron la posibilidad de reducir sus consecuencias disciplinarias mediante trabajos escritos.
Cornell se negó a revelar los resultados individuales de cada procedimiento, amparándose en las normas federales de privacidad de los estudiantes.
La institución también confirmó que la filial de Chi Phi en su campus fue clausurada en 2024 y que continúa sin autorización para funcionar dentro de la universidad.
La organización nacional de la fraternidad, por su parte, informó que los integrantes señalados fueron expulsados de sus registros. Su director ejecutivo interino, Trey Robb, aseguró que las medidas adoptadas excedieron las obligaciones impuestas por la ley y por la propia universidad.
Los hombres acusados negaron haber cometido actos indebidos y sostuvieron ante los investigadores universitarios que las relaciones sexuales habían sido consentidas, según la documentación interna citada por The New York Times.
La nueva investigación y la intervención de la gobernadora de Nueva York
La repercusión del caso llevó a las autoridades estatales a intervenir. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que Cornell aceptó contratar un estudio jurídico externo para realizar una revisión independiente de su actuación.
La investigación buscará examinar cómo respondió la universidad a la denuncia, qué información reunió y de qué manera la compartió con las autoridades judiciales.
El anuncio se produjo en medio de crecientes reclamos de explicaciones por parte de legisladores y representantes de la comunidad académica.
El presidente de la Asamblea del Estado de Nueva York, Carl Heastie, también anunció la conformación de un grupo de trabajo legislativo para analizar la legislación sobre agresiones sexuales y elaborar propuestas de modificación antes de que finalice el año. Las recomendaciones serán consideradas durante el período legislativo de 2027.
El fiscal Van Houten confirmó que su oficina retomó la investigación y que presentará las pruebas disponibles ante un gran jurado. El procedimiento permitirá evaluar si existen elementos suficientes para avanzar con cargos penales contra los señalados.
La joven, que ya no estudia en Cornell, solicitó en su demanda civil una indemnización económica y un juicio con jurado. Además de los siete estudiantes, la acción judicial alcanza a la fraternidad Chi Phi, a la universidad, a un bar de Ithaca y a otras personas vinculadas con las organizaciones estudiantiles.
Quién es Jane Doe y por qué se mantiene su identidad en reserva
La identidad de la denunciante no fue difundida públicamente. En los documentos judiciales utiliza el seudónimo Jane Doe, una práctica habitual en determinados procesos vinculados con delitos sexuales en los que se busca proteger la privacidad de las presuntas víctimas.
La joven tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos y, según su abogado, había llegado a Cornell con el objetivo de desarrollar su formación académica. Posteriormente abandonó sus estudios.
Su demanda sostiene que la respuesta institucional y la falta de avances penales agravaron las consecuencias de lo sucedido y reclama que se determinen las responsabilidades correspondientes.
La reapertura de la investigación permitirá revisar elementos que no habían sido considerados inicialmente y establecer si corresponde formular acusaciones penales. Mientras tanto, las denuncias continúan bajo investigación y los señalados conservan su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.
