En el marco de la causa de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que lleva adelante la Justicia, una investigación periodística basada en informes técnicos sacó a la luz una red de presuntas irregularidades y sobreprecios en la adquisición de insumos médicos y ortopédicos. La documentación, firmada por el interventor del organismo, Alejandro Vilches, y presentada ante oficinas judiciales por el Ministerio de Salud, reveló desvíos “técnicamente indefendibles” con montos que en algunos casos superaron en un 1.972 % a los abonados por otras reparticiones públicas como el PAMI. Los expedientes, que analizan compras realizadas durante 2025 y fueron incorporados a la causa que instruye el fiscal federal Franco Picardi, abarcan desde la duplicación de pagos en facturas hasta inconsistencias en entregas de prótesis no efectuadas pero consignadas como recibidas.
Entre los casos auditados en el primer informe enviado a los tribunales se destacan contrataciones con firmas como Farma Salud, donde se detectaron pagos de 425 millones de pesos por un sistema de válvulas bicavales transcatéter que el PAMI había adquirido meses antes por 124 millones. Asimismo, en el rubro de implantes cocleares proveídos por Droguería Floresta, el valor promedio abonado por unidad alcanzó los US$ 62.613, un 269 % por encima del precio de referencia de mercado estimado en US$ 16.975. El patrón de sobreprecios se repitió en adquisiciones de neuroestimuladores, con brechas del 219 %, y en facturas de la proveedora Indecomm, destacándose un comprobante por 28,7 millones de pesos que fue liquidado en dos oportunidades, detalló La Nación.
El segundo relevamiento técnico elevado en abril expuso además fallas de categorización y compras sistemáticas de equipamiento importado sin sustento clínico ni financiero. Los auditores observaron que se facturaron sillas de ruedas bajo códigos de alta complejidad con costos de hasta 14,9 millones de pesos, cuando por la patología del paciente correspondían módulos de menor costo, cuyos valores de mercado oscilaban entre 1,3 y 2,3 millones. Del mismo modo, el informe cuestionó la preferencia por productos extranjeros que presentaron sobrecostos de entre el 300% y el 1000% respecto de alternativas de fabricación nacional, las cuales no solo resultaban sustancialmente más económicas sino que ofrecían una mayor durabilidad y mejor ajuste anatómico.
A las anomalías financieras se sumaron graves maniobras operativas, como la detección de remitos de entrega falsificados en perjuicio de los beneficiarios. En la provincia de Río Negro, la auditoría constató el caso de una persona amputada que figuraba como receptora de una prótesis nunca entregada; según la verificación directa con los afectados, la firma de la madre del paciente habría sido obtenida mediante engaño durante la toma de medidas inicial. Estas revelaciones se acoplan a los dictámenes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ratificaron la existencia de marcadas diferencias de precios incluso entre licitaciones internas de la propia ex Andis.
Mecanismo sistémico
Con la incorporación de este paquete probatorio, la justicia federal enfoca la causa en el funcionamiento de un esquema de compras acotado y direccionado que evitaba las compulsas de precios recomendadas por la normativa vigente. Mientras dos representantes de Farma Salud negaron haber realizado pagos indebidos a funcionarios en sus descargos judiciales y responsabilizaron a un tercer accionista, la investigación avanza sobre la responsabilidad de los proveedores y ex funcionarios involucrados. Los informes remitidos por la intervención refuerzan la hipótesis judicial de un mecanismo sistémico de sobreprecios y persecución de beneficios ilícitos en la administración de los recursos destinados a la discapacidad.
