Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
En una resolución unánime, el Tribunal de Ética consideró que los delitos cometidos en el ejercicio profesional afectaron de modo irreparable el decoro del foro y rechazó todos los planteos de nulidad.
Resumen para apurados
- El Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Tucumán canceló por cinco años la matrícula de Gustavo Morales tras ser condenado por delitos en su ejercicio profesional.
- La decisión se tomó de forma unánime al considerar que sus actos dañaron el decoro del foro, rechazando a la vez todos los planteos de nulidad presentados por la defensa.
- La inhabilitación sienta un severo precedente disciplinario en el fuero local e impedirá a Morales ejercer la abogacía hasta que se cumpla el plazo de la sanción.
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El abogado Gustavo Morales no podrá ejercer la profesión durante los próximos cinco años al haber sido sancionado con la exclusión del foro local por el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados de Tucumán. La medida fue resuelta a través de la Resolución N° 86/2026 en el marco del expediente N° 312/2026, tras determinarse su responsabilidad ética a raíz de una condena penal firme por delitos cometidos en el ejercicio de su función. El pronunciamiento, rubricado por los vocales Carmen Fontán, María Belén Ramayo Hernández y Juan Manuel López Márquez, dispuso la cancelación formal de la matrícula profesional N° 3.924.
El proceso disciplinario se inició de oficio en julio de 2025, a instancias del Consejo Directivo del Colegio de Abogados, luego de que tomara estado público la sentencia condenatoria dictada el 3 de julio de 2025 por el Colegio de Jueces de la Capital. En dicha sede penal, bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y ante el juez Guillermo José Di Lella, Morales accedió a un acuerdo de juicio abreviado pleno en el que reconoció de manera expresa su culpabilidad en una serie de delitos en concurso real. Aquel fallo judicial le impuso tres años de prisión de ejecución condicional, seis años de inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos y estrictas reglas de conducta.
Entre las conductas delictivas admitidas en sede judicial figuraron la instigación reiterada de falso testimonio -al determinar a un testigo a declarar falsedades que fueron refutadas por informes de georreferenciación de celdas telefónicas del ECIF-, hechos continuados de desobediencia judicial, turbación de un acto legítimo de autoridad e instigación a cometer sedición vinculada a reclamos policiales. Al repasar cada uno de los hechos, los vocales subrayaron que la instigación a la sedición policial constituyó un delito que “va contra el propio sistema democrático, conmoviendo las bases mismas de la convivencia pacífica de una sociedad”, a la vez que advirtieron que “la condena penal firme a pena privativa de la libertad e inhabilitación por delitos cometidos en el ejercicio profesional afecta de forma directa el buen nombre, el honor y el decoro de la profesión". Con tales argumentos, el fallo concluyó que el matriculado terminó “afectando de manera gravísima e irreparable la ética, la probidad y el decoro profesional”.
El tribunal colegiado remarcó especialmente la gravedad de haber quebrado la reserva en una causa por abuso sexual infantil al difundir en un portal web el informe psicológico de la víctima. A lo largo del trámite ante el órgano del Colegio, Morales articuló múltiples recursos de inconstitucionalidad, inconvencionalidad y pedidos de nulidad contra el artículo 37 de la Ley 5233, alegando que el Colegio actuaba como acusador y juzgador a la vez. Sin embargo, el Tribunal desestimó íntegramente las articulaciones al recordar que el Consejo Directivo funciona meramente como filtro de admisibilidad y que el juicio disciplinario formal radica en un órgano independiente con garantía de doble instancia ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Gravedad institucional y desestimación de recursos
El cuerpo disciplinario también consignó que el letrado intentó dilatar el proceso mediante presentaciones sucesivas y licencias reiteradas que extendieron la etapa probatoria entre mayo y agosto de 2026, sin haber ofrecido elementos de descargo que contradijeran los hechos probados. Del mismo modo, se desestimó una recusación con causa planteada contra los tres jueces éticos en vísperas de la resolución final.
Los miembros del Tribunal fueron categóricos en sus considerandos: “Instigar a testigos a mentir ante los jueces, fraguar pruebas en causas penales, incitar al alzamiento de fuerzas de seguridad y desobedecer sistemáticamente órdenes judiciales son conductas que destruyen las bases éticas sobre las que descansa el ejercicio de la abogacía". En esa línea, puntualizaron que tales actos vulneran de lleno las disposiciones de los artículos 31 y 35 de la Ley 5233.
Respecto a la manipulación probatoria en los estrados, la resolución enfatizó: “En el caso del falso testimonio reiterado en calidad de instigador, no solo es la negación misma de la verdad, sino además la grave afectación del derecho de defensa y del debido proceso. Si el juez tiene como misión específica la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, este tipo de conductas atenta contra la misión misma de la Justicia”. Asimismo, calificaron la filtración de datos de la menor víctima como un quebrantamiento manifiesto de la protección integral de la niñez con rango constitucional.
Respaldados en el principio de proporcionalidad fijado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en el precedente “Ricciuti”, los miembros del Tribunal concluyeron que “la magnitud de las infracciones cometidas no admite otra respuesta institucional que la separación del matriculado del foro local”. Con esa convicción, resolvieron aplicar la exclusión profesional por el plazo de cinco años y ordenaron la consecuente depuración de los padrones públicos de la colegiatura.
