El Gobierno prepara un nuevo decreto para expulsar a extranjeros por discursos de odio contra argentinos
La Casa Rosada avanza en la reglamentación del DNU 681/2026, que incorporó esas expresiones como causal para impedir el ingreso al país o cancelar una residencia. El Ejecutivo debe definir cómo se acreditarán las conductas y qué organismos participarán del procedimiento.
Resumen para apurados
- El Gobierno argentino prepara un decreto para efectivizar la expulsión e impedir el ingreso de extranjeros que emitan discursos de odio contra argentinos.
- La medida reglamenta el DNU 681/2026 y profundiza el endurecimiento de la política migratoria y los controles conjuntos entre Seguridad y Migraciones.
- El Ejecutivo busca definir criterios claros para evitar planteos judiciales, asegurando que las críticas políticas o ideológicas queden protegidas.
El Gobierno nacional acelera la elaboración de un nuevo decreto para poner en funcionamiento la expulsión de extranjeros que emitan discursos de odio contra argentinos o inciten a la violencia por razones de nacionalidad. La Casa Rosada retomó el trabajo sobre la reglamentación que había quedado pendiente luego de que Javier Milei firmara, a fines de julio, el DNU que modificó la Ley de Migraciones.
En el Ejecutivo admiten que aquella norma ya estableció la facultad legal, pero que todavía resta definir cómo se aplicará en la práctica. “Estamos en eso”, señalan en Nación al referirse al nuevo decreto. La intención es avanzar con una segunda etapa que permita utilizar efectivamente esta causal dentro de los procedimientos migratorios.
El texto que prepara el Gobierno no creará la posibilidad de expulsar a extranjeros por esas conductas, ya que esa atribución se encuentra vigente. El DNU 681/2026 incorporó los mensajes de odio, la incitación a la violencia contra argentinos por su nacionalidad y los ultrajes contra los símbolos patrios entre los impedimentos para ingresar a la Argentina y las causales para cancelar una residencia.
La misma norma estableció que la cancelación de una residencia puede derivar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, en una intimación para abandonar el país o directamente en una expulsión. La reglamentación deberá transformar esa facultad general en un procedimiento operativo para la Dirección Nacional de Migraciones y las áreas de Seguridad.
Cómo se determinará un discurso de odio
Uno de los puntos más delicados será establecer cómo se acreditará que una expresión reúne los requisitos previstos por el DNU. El esquema que analiza el Gobierno contempla utilizar el sistema de alertas migratorias existente, aunque todavía debe precisarse qué organismo generará la información, qué evidencia deberá acompañarla, quién tendrá a su cargo su validación y qué procedimiento se aplicará cuando el extranjero ya se encuentre dentro del territorio nacional.
El propio DNU fijó un límite para evitar que la nueva causal pueda utilizarse frente a cualquier manifestación contra el Gobierno o contra el país. La norma dejó expresamente fuera las expresiones de disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o ciudadanas que se encuentren protegidas por la Constitución.
Esa diferenciación será uno de los aspectos centrales de la reglamentación, ya que el Ejecutivo deberá reducir los márgenes de interpretación al momento de aplicar una medida que puede terminar con la expulsión de una persona.
En Balcarce 50 reconocen, además, que la amplitud de la causal podría generar planteos judiciales. Por eso, la reglamentación deberá establecer con precisión qué elementos permiten activar el procedimiento y garantizar las correspondientes instancias administrativas y judiciales.
Un endurecimiento de la política migratoria
La iniciativa se inscribe en una política de endurecimiento de los controles migratorios que comenzó en 2025. El DNU 366 modificó las condiciones de ingreso, residencia y expulsión, endureció los impedimentos migratorios, prohibió trabajar a extranjeros en situación irregular y modificó las condiciones de acceso a determinados servicios públicos para quienes no cuentan con residencia permanente.
Ese decreto también cambió el esquema de atención sanitaria. Los extranjeros sin residencia permanente mantienen garantizada la atención ante emergencias, pero en establecimientos nacionales deben contar con seguro médico o pagar previamente para acceder a la atención habitual. El Ministerio de Salud reglamentó recién en agosto de este año el procedimiento operativo para aplicar esa disposición, un antecedente similar al paso que ahora prepara el Ejecutivo en materia de expulsiones.
En paralelo, el Gobierno reforzó la capacidad operativa de Migraciones y de las fuerzas federales. En junio creó el Programa de Seguridad Migratoria, que dispuso la actualización de los mecanismos de control y estableció unidades específicas dentro de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para actuar como auxiliares de la autoridad migratoria.
A ese esquema se sumó este año el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), que integra a Migraciones con las fuerzas federales y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. El sistema centraliza información sobre movimientos de pasajeros y permite elaborar análisis de riesgo y alertas destinados a los controles migratorios y fronterizos.
La política migratoria quedó además bajo la órbita de una estructura de Seguridad desde fines de 2025. Milei transfirió al Ministerio de Seguridad Nacional las competencias sobre migración e inmigración y el control de la Dirección Nacional de Migraciones. La decisión acercó al organismo a la lógica operativa de las fuerzas federales y de los controles fronterizos.
La Casa Rosada había analizado incluso una transformación más profunda de Migraciones, inspirada en el modelo estadounidense, con una estructura de mayor capacidad operativa y herramientas propias para actuar frente a personas con antecedentes, alertas o irregularidades. Ese proyecto no llegó a instrumentarse y, por el momento, el Gobierno optó por reforzar la coordinación entre Migraciones y las fuerzas existentes.
Durante los últimos meses, esa orientación también se trasladó a una mayor cantidad de operativos territoriales destinados a detectar extranjeros en situación irregular. Los procedimientos se realizan de manera conjunta entre Migraciones, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA. El DNU de 2025 amplió, además, las facultades para requerir documentación y verificar la situación migratoria durante esas inspecciones.
Una reglamentación con impacto judicial
La instrumentación de la causal vinculada con los discursos de odio presenta una dificultad jurídica diferente. La administración deberá determinar con suficiente precisión qué elementos permiten poner en marcha una medida que puede terminar con la expulsión de una persona, sin afectar las expresiones de disenso ideológico ni las críticas protegidas constitucionalmente.
Por ahora, el Gobierno no estableció una fecha pública para la firma del nuevo decreto ni difundió un borrador. Sin embargo, en la Casa Rosada aseguran que el trabajo fue retomado y que la reglamentación forma parte de las medidas migratorias que todavía permanecen pendientes.
El objetivo del Ejecutivo es completar la instrumentación del DNU 681/2026 y pasar de una causal ya incorporada a la Ley de Migraciones a un mecanismo operativo que pueda aplicarse en los controles de ingreso al país, en la cancelación de residencias y en los procedimientos de expulsión.
