Resumen para apurados
- La Fundación Mediterránea evaluó hoy en Argentina la reforma del Banco Central, señalando aciertos y errores para garantizar su estabilidad institucional.
- El informe analiza los cambios profundos previstos para la entidad y advierte sobre la necesidad de cerrar atajos normativos y trampas institucionales.
- El debate sobre el blindaje del BCRA será clave para definir la credibilidad de la política monetaria y la autonomía financiera del país a largo plazo.
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La historia económica argentina suele repetirse. Durante décadas, cada urgencia fiscal encontró en los pasillos del Banco Central una ventanilla abierta y dispuesta a financiar desmanejos políticos a costa del más regresivo y destructivo de los tributos: el impuesto inflacionario. En ese tablero de tensiones históricas y discusiones de fondo se inscribe el debate sobre el nuevo proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa fue analizada a fondo por el Programa de Asistencia al Poder Legislativo (PAL) del Ieral, perteneciente a la Fundación Mediterránea que preside María Pía Astori y que dirige Osvaldo Giordano.
El informe califica el proyecto como estratégico y alineado con las mejores prácticas internacionales, aunque no esquiva la mirada crítica: para que la estabilidad no vuelva a depender de la buena voluntad del inquilino de turno de la Casa Rosada, el texto legislativo todavía requiere ajustes sustanciales antes de ver la luz en el Congreso.
El diagnóstico retrospectivo que traza el Ieral pone números a una sangría conocida. Tras la reforma de 1992 que había dotado a la entidad de autonomía, las modificaciones introducidas en 2002 y fundamentalmente la contrarreforma de 2012 alteraron la esencia del organismo al sustituir la misión de preservar el valor de la moneda por un esquema de “objetivos múltiples”.
Las consecuencias de ese régimen de dominancia fiscal están a la vista, marca el informe de la Fundación Mediterránea: solo durante la administración de Alberto Fernández la asistencia monetaria directa e indirecta rozó los 16 puntos del Producto Bruto Interno (PIB). Entre marzo de 2012 y mediados de 2024, la inflación promedio anual trepó al 52%, acelerándose hasta picos del 211% al cierre de 2023. A la par, el agregado monetario amplio se contrajo 5,5 puntos del PBI producto del derrumbe en la demanda de dinero, mientras que las reservas netas tocaron un piso alarmante de U$S -11.300 millones previo a la asunción de Javier Milei. Esta inestabilidad crónica -añade el informe- se tradujo en una economía estancada desde 2011.
Freno al financiamiento
Frente a ese cuadro, dice el Ieral, la propuesta oficial en debate retoma lineamientos centrales de la ortodoxia. “En primer término, restituye el mandato único enfocado con exclusividad en la estabilidad de precios (es decir, en fortalecer el peso)”, dice el informe de la Fundación. “En segundo lugar -añade-, el proyecto establece una prohibición taxativa y absoluta del financiamiento monetario al sector público en cualquiera de sus niveles (Nación, provincias y municipios). Esto implica la eliminación lisa y llana de los adelantos transitorios ordinarios y extraordinarios, la imposibilidad de adquirir títulos en el mercado primario y la derogación del mecanismo de reservas de libre disponibilidad, el cual facilitó durante años el traspaso de dólares frescos al Tesoro a cambio de Letras Intransferibles de nulo valor patrimonial”.
En el informe técnico se especifica que la reforma prevé un estricto candado al giro de utilidades: quedan vedadas las transferencias generadas por meras diferencias de cambio o revaluación de activos y oro.
En el plano institucional, la iniciativa busca blindar la gobernanza de la autoridad monetaria. Si bien se mantiene la designación por parte del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, se reemplaza la discrecional causal de “mala conducta” por motivos específicos y objetivos para su remoción, exigiendo además el aval de dos tercios de los miembros presentes de ambas Cámaras del Congreso.
Puntos a corregir
Sin embargo, el trabajo del Ieral profundiza en las omisiones del articulado y advierte que, si se pretende erradicar la tentación del atajo, es imprescindible pulir el texto para evitar que queden abiertas “puertas traseras” de asistencia estatal. El primer llamado de atención se enfoca en las operaciones con títulos públicos en el mercado secundario. A diferencia de legislaciones de vanguardia como la del Banco Central de Reserva del Perú -cuya ley orgánica fija un tope estricto al incremento anual de tenencias de deuda del 5% de la base monetaria del año previo-, el proyecto argentino otorga un margen de intervención ilimitado.
Una advertencia similar recae sobre el artículo 28 de la Carta Orgánica: la reforma no revisa la posibilidad de integrar encajes bancarios con títulos del Tesoro. “Permitir que la autoridad monetaria determine qué porcentaje de los depósitos inmovilizados puede cubrirse con deuda pública no solo debilita la eficacia del encaje como herramienta de absorción, sino que abre un conducto indirecto para redirigir el ahorro privado hacia el financiamiento del Estado”, afirma el estudio.
También marca reparos a lo que la Fundación Mediterránea llama “un vacío no menor en materia cambiaria”. “Mientras marcos internacionales de referencia consagran la libre convertibilidad y prohíben expresamente los tipos de cambio múltiples y tratamientos discriminatorios, el proyecto bajo análisis omite una disposición que vede taxativamente la instalación de nuevos cepos”, concluye.
